Por Denis Aguilar
daguilar@lahora.com.gt
En una vista pública ante el Tribunal Quinto de lo Contencioso Administrativo, comunidades indígenas del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, pidieron que se dé con lugar un amparo interpuesto contra la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Dicho amparo fue interpuesto por el alcalde del referido municipio, Diego Pedro Domingo, quien asegura que la empresa Cinco-M, no respetó los derechos de las comunidades al realizar un estudio de impacto ambiental para la construcción de la Hidroeléctrica San Luis, sin antes haber realizado una consulta comunitaria.
Ramiro Escalante, abogado de la Municipalidad de Santa Eulalia, dijo que este se trata de un caso más en que las autoridades gubernamentales no han respetado el derecho de las comunidades indígenas a una consulta previa ante un proyecto de esta naturaleza.
Escalante agrega también que, tanto el MARN como la empresa, violaron la autonomía municipal, ya que no se les dio participación, ni hubo acercamientos con la comuna para esa la realización de ese estudio.
“Vemos que posiblemente en el fondo podría haber algún tipo de contubernio entre autoridades y la propia empresa Cinco M por posibles intereses económicos y sin respetar el derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y creemos que eso puede provocar cierta conflictividad y por eso vemos importante acudir a los órganos jurisdiccionales”, dijo.
Escalante indicó que si da con lugar el amparo, la empresa y el MARN deberán volver a iniciar con el proceso administrativo y cumplir con todos los requisitos de ley que se requieren antes de iniciar con ese proyecto.
El Ministerio Público (MP) también pidió que se dé con lugar dicho amparo al considerar que sí se violaron derechos de las comunidades indígenas al no realizarse una consulta previa.
NO SE ESTÁN VIOLANDO DERECHOS
Representantes legales de la empresa Cinco M manifestaron que no se violaron derechos de las comunidades indígenas y aseguraron que sí se le notificó al alcalde de aquel entonces sobre el proceso administrativo que se estaba realizando. Este proceso se llevó acabo hace cuatro años.
“Nosotros consideramos que en su momento ellos debieron haber hecho uso de los recursos administrativos, así como han transcurrido cuatro años y ellos hasta este momento están haciendo uso de la acción constitucional de amparo”, afirmó.
Agregaron que se siguieron todas las etapas e instancias establecidas en el reglamento de protección y mejoramiento del medio ambiente, por lo que el MARN decidió aprobar el estudio de impacto ambiental y que la aprobación de este no significa una violación de derechos de los pobladores.
El titular del MARN, Alfonso Alonzo, dijo que este fue un estudio de impacto ambiental aprobado por la administración de esa cartera durante el gobierno del Partido Patriota (PP) y que ellos no han aprobado instrumentos de ese tipo. Además, mencionó que en ese entonces no se hacían ese tipo de consultas y que ellos solo se dedican a dar viabilidad ambiental.
