Juan Antonio Mazariegos G.
Luego de 34 años, los acontecimientos que derivaron en la quema de la Embajada de España en Guatemala son llevados a juicio con el objeto de deducir responsabilidad a Pedro García Arredondo, para aquel entonces Jefe del Comando Seis de la Policía Nacional que acudió al lugar luego del aviso de que la embajada había sido tomada.
Los acontecimientos que en concreto y como mayor precio pagado, concluyeron con la pérdida de la vida de 37 personas y la ruptura de relaciones diplomáticas con España, son contados ahora en tribunales en un proceso del que pueden resultar muchas consecuencias.
A lo largo de los años hemos escuchado distintas versiones al respecto de lo acontecido ese día, quien inició el fuego en la sede diplomática, porque se había convocado a ilustres personajes de la vida guatemalteca, cual fue la participación del embajador Máximo Cajal, uno de los dos únicos sobrevivientes y quien incluso fue denunciado en Guatemala por esa participación, pero nunca enfrentó proceso, la policía impidió que salieran los ocupantes e incendió la embajada o los ocupantes se inmolaron en el lugar.
La mayoría de versiones difieren según sea la posición política de quienes las sustentan, aunque los hechos a probar son la participación o no de Arredondo en los delitos que se le imputan. El proceso promovido por la Fiscalía y acompañado por querellantes bien organizados se encamina en una sucesión de declaraciones, en su mayoría referenciales y no presenciales hacia una supuesta condena al sindicado, sin embargo y sin ánimo de defender a un Gobierno nefasto como lo fue el de Romeo Lucas García, opino como Abogado que en este tipo de procesos debe de prevalecer la independencia judicial a manera tal que lo que prive en el convencimiento de los Jueces sean los hechos concretos y probados, producidos por partes independientes y sin intereses políticos que concluyan con la sentencia que deban emitir.
En suma, el interés en el proceso es la averiguación de la verdad y a ese respecto he tenido la oportunidad de leer la versión de testigos presenciales, como por ejemplo la de miembros de la familia del licenciado Molina Orantes, otra de las víctimas de la tragedia y quienes evidentemente no tienen un interés parcializado en el proceso, ojalá testimonios como esos son los que puedan privar y no nos enfrentemos a una condena impulsada simplemente por intereses políticos, cuyo resultado luego todos tengamos que pagar.
