Por agencia/dpa
Managua
Al menos 135 médicos, paramédicos y enfermeras que atendieron a manifestantes heridos durante protestas contra el Gobierno en Nicaragua han sido despedidos del sistema público de salud, denunciaron hoy dos organizaciones médicas.
Carlos Duarte, directivo de la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), calificó los despidos realizados en tres provincias del país como «arbitrarios e ilegales» y los consideró una represalia del Gobierno de Daniel Ortega por haber apoyado indirectamente las protestas sociales.
“Esto va en contra de la Ley General de Salud que favorece a la población desprotegida”, dijo al matutino «El Nuevo Diario» Duarte, que también fue despedido de un hospital público.
En los últimos días decenas de médicos denunciaron que fueron destituidos sorpresivamente de sus puestos. A algunos se les dijo verbalmente que eran «terroristas», por haber desatendido una orden oficial de no auxiliar a manifestantes heridos.
Entre los especialistas cesados en León (occidente), Carazo (sur) y Masaya, al oriente de la capital, figuran internistas, pediatras, ortopedistas, oncólogos, cirujanos y cardiólogos con más de 20 años de experiencia, según informaron los afectados.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que durante las protestas se negó la atención médica a manifestantes heridos y se ordenó «restringir la salida y el tránsito de ambulancias y el trabajo de personal de asistencia humanitaria como bomberos, personal de la Cruz Roja, así como de personal médico, paramédico, estudiantes de Medicina y personas voluntarias”.
“Lo que hicimos fue darle atención a la población (…) sin ninguna discriminación por ideología política ni religiosa. Nuestra misión es operar, no juzgar», dijo el cirujano Julio Sánchez, despedido del hospital público de Carazo tras 34 años de servicio.
También la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) condenó en un comunicado los despidos de trabajadores de la salud «que se han comprometido con la defensa de la vida y de seres humanos heridos durante estos meses de protestas cívicas”.
Según la UMN, al menos 28 médicos han abandonado Nicaragua tras sufrir asedio y amenazas de simpatizantes del Gobierno, y varios más se encuentran «clandestinos» y sin poder laborar.
Otra especialista de la misma ciudad, que pidió el anonimato, dijo que tuvo que abandonar su residencia por amenazas de muerte y que no ha podido siquiera retirar su carta de despido. «Sé que me van a capturar”, explicó.
La crisis en Nicaragua se inició el 18 de abril con una protesta de estudiantes y derivó en grandes manifestaciones contra Ortega tras la violenta acción de la Policía y paramilitares, que ha dejado hasta ahora casi 450 muertos y más de 2.800 según ONG de derechos humanos. El Gobierno reconoce 195 muertos.
