Sandra Xinico Batz
sxinicobatz@gmail.com.
En nombre del “desarrollo” se justifica la destrucción del entorno natural y la vida comunitaria de los pueblos a quienes se les quiere obligar a aceptar el extractivismo como paradigma de “evolución” económica, social y cultural que ha implicado progreso únicamente para quienes dominan y acumulan capital y poseen y controlan los medios de producción.
El racismo que impera hace inaudito pensar que para las comunidades el cemento no sea un símbolo de desarrollo o progreso por el cual deban abandonar y ceder sus territorios. El racismo también legitima que se les fuerce a sacrificarse en nombre del “desarrollo” de los demás, como insinuando que son un efecto colateral que se está dispuesto a pagar pues de todas formas quienes pagan en la realidad son los pueblos y lo han hecho con su vida porque no se les ha dado opción.
La coacción para provocar el despojo es una forma de imponer a toda costa, sobre la vida misma de las comunitarias y los comunitarios para que estos se alineen a los intereses de los empresarios y no se opongan. La violencia que todo esto implica ha sido devastadora para las comunidades quienes no pueden vivir en paz. El conflicto provocado ha buscado desestabilizar la organización comunitaria para infiltrarse y destruirla.
Lo ocurrido el 3 de julio en el puente entre Santa Fe Ocaña y Cruz Blanca en San Juan Sacatepéquez evidencia (una vez más) la hostilidad de la empresa Cementos Progreso que se ha ensañado en contra de las doce comunidades kaqchikeles que están en resistencia permanente porque se oponen y rechazan la imposición de ésta en su territorio. Con prácticas paramilitares se ha intentado amedrentar a las comunidades tal como ocurrió la tarde del 3 de julio cuando un aproximado de 75 personas encapuchadas allegadas a la empresa Cementos Progreso dispararon con armas de fuego hiriendo a 17 personas (entre hombres y mujeres), como una forma de abrirse paso a la fuerza para que los camiones de la cementera pasaran el puente.
Este ataque se da quince días después de que el Procurador de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizaran una visita a las comunidades kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez que están en resistencia y se constatara el fuerte despliegue de policías y elementos de seguridad en el área que están al servicio de la empresa que, además, cuenta con el apoyo de una brigada del Ejército que está instalada a las afueras de esta.
Esta no es la primera vez que se ataca a las comunidades, porque el ataque ha sido permanente y constante desde que la empresa planeó imponerse en sus territorios. En nombre del “progreso” se ha violentado, matado, encarcelado, hostigado y criminalizado a los pueblos que defienden la naturaleza y que su forma de vida prioriza el equilibrio con el entorno natural porque el agua vale más que el oro.
El costo del “progreso” lo están pagando los pueblos con sus vidas.
