Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El asilo es una figura del derecho internacional que ofrece protección a personas en caso de huir de un conflicto que pone su vida en peligro o por tener fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social y se reputa como un derecho humano esencial lo que obliga a todos los Estados. Sin embargo, en muchas ocasiones se trata de usar ese mecanismo de legítima salvaguarda como escudo para evitar la persecución penal que también es un deber de los Estados para castigar a quienes incurren en delitos, y por lo tanto, es necesaria la evaluación de los casos para asegurar el debido cumplimiento de la ley tomando en cuenta, en cada oportunidad, las razones que pueda esgrimir quien lo solicita.
Ayer se conoció que un juez de temas migratorios de Estados Unidos ordenó la deportación del político Manuel Baldizón, quien todavía tendrá derecho a presentar una apelación para objetar la decisión y eso obliga a reflexionar sobre las perversiones que hay en el uso y abuso del derecho de asilo con lo que muchas veces se compromete el futuro de verdaderas víctimas que se ven expuestas a peligros o persecuciones por las razones contempladas en el derecho internacional. Manuel Baldizón no fue acusado por razones espurias y su libertad está en riesgo pero porque él pertenece a un determinado grupo social muy extendido en Guatemala, que se conoce como el grupo de los corruptos que han hundido al país en la miseria y el subdesarrollo más patético que se pueda imaginar.
Y ese grupo social, el de los corruptos, ha sido eternamente impune en Guatemala porque nuestro sistema de justicia fue cooptado precisamente para que opere como salvaguarda de privilegios para quienes se enriquecen aprovechando los recursos del Estado y políticos o personajes como Baldizón que se resisten a enfrentar las consecuencias de sus actos y buscan cualquier subterfugio para evadir la acción judicial en su contra. Por fortuna el sistema funcionó en Estados Unidos y tras la escucha de los alegatos de quien fuera prominente figura del país, el fallo adverso le obligará a regresar a Guatemala deportado para ser sometido al juicio correspondiente.
A su favor, sin embargo, ha jugado el tiempo porque llegará cuando el MP parece haber perdido el colmillo que tuvo en los últimos tres años para perseguir a los corruptos y porque el mandato de la CICIG está en manos de un Presidente a quien le urge acabar con ese experimento internacional. Y en lo que dura el trámite para conocer la apelación que sin duda presentarán los abogados del político petenero, es probable que cuando venga se haya restablecido plenamente el paraíso de impunidad que ha sido Guatemala para todos los delincuentes con poder político o económico.
Pero cuando menos se ha hecho un buen servicio ya al derecho de asilo porque autoridades judiciales de Estados Unidos han demostrado que no es una carta blanca, como se usa en Nicaragua por ejemplo, para escudo de quienes legítimamente son objeto de una persecución penal.
