POR JOSÉ PABLOD EL ÁGUILA
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La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) con el cual busca que se anule el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante el cual se admitió para trámite un antejuicio que promovió en su contra el magistrado separado del cargo, Eddy Orellana Donis, quien está ligado a proceso en el Caso Comisiones Paralelas.
El magistrado señala que la jueza incurrió en dichos delitos porque autorizó que se realizara un allanamiento en su vivienda el pasado 23 de febrero, día en que fue capturado. Orellana sostiene que dicha diligencia era ilegal porque en la residencia también se encontraba su esposa, la magistrada Doris Lucrecia Alonso, quien goza del derecho de antejuicio por la calidad que ostenta.
No obstante, a consideración de la jueza Aifán, la decisión de la CSJ de admitir para trámite dicho amparo es ilegítimo.
“Estoy siendo objeto en mi calidad de jueza de un antejuicio notoriamente ilegítimo e improcedente, y en atención a ello me encuentro plenamente legitimada para solicitar la protección constitucional de amparo”, se lee en el amparo interpuesto.
La jueza expone que al admitir para trámite la solicitud de Orellana se están violando varios de sus derechos, entre estos el de “no ser objeto de una querella que no cumpla con los requisitos legales para su admisión”.
La Fiscalía expuso que las diligencias solicitadas eran necesarias porque tenían como finalidad fundar una posible solicitud de antejuicio en contra de la togada.
Aifán expresó que autorizó lo solicitado por el MP y para ello se fundamentó en sentencias previas de la CC, las cuales establecen que el juez puede autorizar diligencias de investigación preliminar que tengan como objeto formular una posible solicitud de antejuicio contra determinado funcionario, sin que esto vulnere la inmunidad.
