Lic. Douglas Abadía C.
douglas.abadia@gmail.com
La gestión integral de riesgos derivados de amenazas naturales o antrópicas reviste especial importancia para los países de la región, especialmente Guatemala debido a sus características geográficas y socioeconómicas. Es un campo de acción fundamental para que estos alcancen su desarrollo en términos de crecimiento económico sostenible, reducción de la pobreza y equidad social. El objetivo central de intervenir en este ámbito es disminuir los potenciales impactos causados por huracanes, deslizamientos, terremotos y otros eventos, mediante la reducción de la vulnerabilidad y el mejoramiento de la gestión del riesgo asociado a estos en los diversos sectores, promoviendo condiciones para un eficiente desarrollo.
En Guatemala se puede afirmar que el ordenamiento territorial no ha sido el ideal, pues existen varios actores que han impedido que nuestro territorio crezca de forma ordenada, por ejemplo: las corporaciones municipales, los legisladores, el organismo Ejecutivo (Segeplan), ingenieros civiles, arquitectos, inversionistas, propietarios de inmuebles, corredores de bienes y raíces han sido parte del círculo vicioso que ha desencadenado múltiples problemas como construcciones mal hechas, terrenos no aptos para construir residenciales o lotificaciones, contaminación ambiental, asentamientos humanos, entre otros.
A partir del terremoto del año 1976 sucedido en Guatemala, inició la proliferación de asentamientos humanos sin las condiciones mínimas para poder albergar de buena manera a decenas de familias guatemaltecas que por la ausencia y falta de voluntad política se les veda el acceso a vivienda mínima, es decir, digna, en donde los miembros de las familias desde los niños hasta los ancianos puedan desarrollarse de manera integral; en la mayoría de asentamientos ocurren fenómenos como la escasez de agua, calles empolvadas, láminas deterioradas, hacinamiento, etc.
Los altos niveles de corrupción, la falta de voluntad política, el servilismo de los líderes comunitarios más la indiferencia de la ciudadanía guatemalteca han elevado la vulnerabilidad de los habitantes de los asentamientos humanos ante amenazas de distinto tipo, así como desastres tanto naturales como antrópicos, con el desmedido crecimiento poblacional aunado al analfabetismo tenemos en un futuro inmediato un escenario sumamente dramático, tanto en el plano económico como el de vidas humanas.
El riesgo puede reducirse si se entiende como el resultado de relacionar la amenaza, o probabilidad de ocurrencia de un suceso, con la vulnerabilidad o susceptibilidad de los elementos expuestos. La gestión de riesgos hace referencia a un complejo proceso social, cuyo objetivo último es la reducción o control del riesgo en la sociedad.
En este aspecto toma suma importancia la gestión integral del riesgo, la cual no se limita a la preparación para responder adecuada y oportunamente a las emergencias y desastres, pero hace énfasis en controlar los factores de riesgo para evitar que se transformen en desastres. Debe estar ligado a los procesos tendientes al desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sustentable.
Se puede concluir que la gestión integral del riesgo es de suma importancia para que la población guatemalteca comience por entender los conceptos básicos de la gestión del riesgo a desastres como la vulnerabilidad, riesgo, amenaza, desastre, etc. para evitar grandes pérdidas económicas y sobre todo de vidas humanas. Elegir a la corporación municipal con base en su programa de gobierno y no por cancioncitas, slogans o conveniencia, en aras de fortalecer a los gobiernos locales y no a personas individuales que tanto daño ocasionan a su comunidad en particular y al país en general. Crear y fortalecer una cultura de prevención del riesgo a desastres en la población guatemalteca. Exigir a las autoridades de turno el cumplimiento a cabalidad de la ley de ordenamiento territorial de Guatemala, pues en caso contrario seguiremos creciendo desordenadamente, cada día tendremos más asentamientos humanos, contaminación ambiental y fortalecer el trabajo interinstitucional, es decir, evitar la duplicidad de esfuerzos entre las instituciones vinculadas con la gestión del riesgo a desastres como ONG, Cruz Roja Internacional, Conred, entre otras.
