POR MARIELA CASTAÑÓN
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El próximo 25 de diciembre se vence el plazo para que entre en vigencia el Artículo 3 de la Ley de Control de Telecomunicaciones, Decreto 12-2014, el cual demanda buscar una solución técnica a las empresas telefónicas para evitar que desde los centros de privación de libertad de adultos y adolescentes se genere “tráfico de telecomunicaciones móviles”, sin embargo, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), aún existen desafíos para que se implemente la normativa.
Corinne Dedik, del CIEN explicó que los desafíos observados para aplicar la legislación, es que aún está pendiente una acción de inconstitucionalidad sobre el Artículo 3 del Decreto, en tanto, el Sistema Penitenciario (SP) tiene dificultades para propiciar las condiciones para la protección del equipo que se instalará.
“Hay ciertos desafíos en la organización de los preparativos porque si bien, las empresas de telefonía tienen que buscar la solución tecnológica, es el SP que tiene que propiciar las condiciones básicas para que los bloqueadores funcionen, estamos hablando de la energía eléctrica, se debe garantizar el suministro continuo, proteger el equipo por cualquier probabilidad de sabotaje y por cuestiones de clima, pero tengo entendido que no se ha puesto a disposición todas esas condiciones básicas”, indicó la entrevistada.
Por aparte, Rudy Esquivel, portavoz del SP, explicó que han trabajado junto a las empresas telefónicas, en mesas de intercambio de información para implementar los proyectos que evitarán la señal telefónica en los centros carcelarios para adultos.
El funcionario fue consultado por los desafíos que mencionó el CIEN para implementar la normativa, pero dijo que no podía opinar al respecto.
“Nosotros no podemos opinar de una investigación que no se ha socializado con la Dirección General -del SP-, en segundo plano, el tema de tecnología, ubicaciones y criterios de funcionamiento, serán manejados a nivel de las empresas y el SP”, indicó el entrevistado.
La Hora intentó obtener una declaración de Ricardo Sagastume, del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones, para conocer los avances en la implementación de las soluciones tecnológicas que demanda la ley, pero al cierre de la edición vespertina, aún no era posible obtener una respuesta.
CORRECCIONALES
Enrique Leal Sierra, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), refirió que se ha avanzado en el diagnóstico de las especificaciones técnicas y geométricas para que las empresas de telecomunicaciones obtuvieran la información requerida.
El funcionario dijo que en los cuatro centros de privación de libertad de la SBS se realizaron los diagnósticos y visitas de campo designados por los empresarios de la telefonía, por lo tanto, están preparados para que se aplique la normativa.
“Nosotros estamos listos, porque nuestra función fue trasladar información a las empresas de telecomunicaciones, ellos tienen que facilitar la implementación de equipo que pueda bloquear señales”, indicó.
