Juan Antonio Mazariegos G.
El término daño colateral se aplica normalmente a las acciones de guerra, cuando dentro de una situación determinada, la destrucción de un objetivo específico va acompañada de un efecto secundario que inicialmente no estaba previsto. Por supuesto, el término es normalmente utilizado por quien ha causado el daño, como una excusa, una justificación, cuando en realidad esa explicación solo trata de ocultar un elemento perverso de toda guerra, la destrucción, el aniquilamiento, más allá del enemigo, de personas ajenas al conflicto.
Salvando las debidas distancias, los daños colaterales también se dan cuando hay enfrentamientos por el poder, por las instituciones y se dan sobre todo cuando los objetivos de cada grupo en contienda, se valoran más por el resultado final que por los medios para obtenerlo, aquí el daño colateral ya no se da sobre la vida de las personas, pero si sobre derechos, instituciones y sobre el ordenamiento jurídico en general. En el enfrentamiento político-judicial en el que actualmente se encuentra sumida Guatemala, ya resulta común que toda decisión de cierta trascendencia sea impugnada ante la Corte de Constitucionalidad (CC), bajo el sabido y estirado principio de que no hay materia que no sea susceptible de amparo, el enfrentamiento de poderes concluye inequívocamente en las arenas constitucionales y por ejemplo esta semana la CC otorgó amparo provisional en el caso del Embajador de Suecia, cuya salida del País había sido solicitada por la Canciller de Guatemala.
Desde mi punto de vista, el daño colateral al sistema jurídico o al Estado de derecho, en este caso concreto, proviene tanto desde un anómalo o mal intencionado procedimiento para expulsar a un Embajador, como también desde una resolución de la Corte de Constitucionalidad que se extralimitó en sus alcances y funciones cuando hasta ordenó al Ejecutivo cómo debía resolver el problema.
Constantemente y desde muchos lugares se presiona a la ciudadanía a tomar partido, ya prevalece el famoso dicho “si no está conmigo, está contra mí”, sin embargo, puede ser que mucha gente no quiera acabar con un mal para simplemente sustituirlo por otro y de verdad se aspire a un legítimo Estado de derecho en donde no hayan extralimitaciones o abusos por parte de ningún órgano del Estado. En medio de toda esta zozobra, ahora resulta trascendental tener la capacidad de reconocer y analizar ya no solo los males, sino también los remedios, por aquello de que estos últimos resulten peor que la enfermedad. El daño colateral posterior que cada remedio traiga consigo puede ser severo e irreversible, incluso mayor que aquel mal del que nos quejamos hoy.
