Jorge Santos
Durante el 2017 la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA) documentó un total de 493 agresiones cometidas en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, es decir 230 hechos de violencia más que en el 2016. Esta condición de agravamiento en el clima de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, está marcada por un escenario político y económico impulsado desde actores vinculados a lo que la población ha dado por denominar el Pacto de Corruptos, particularmente de miembros del Organismo Ejecutivo.
De esa cuenta es que durante los días del 9 al 13 de mayo del presente año, son asesinados tres defensores de derechos humanos en el país. Los defensores Luis Marroquín del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), José Can Xol y Mateo Chamán del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) en un marco mucho más amplio de profundización de la violencia y represión contra organizaciones sociales, populares y de derechos humanos en el país.
Estos asesinatos preocupan en la medida que se dan en un escenario de estigmatización y difamación del propio Presidente de la República contra las organizaciones campesinas, en particular contra Codeca. Asimismo, en un marco de profundización de retroceso contra los derechos humanos en general que han implicado que en el Congreso de la República se impulsen al menos tres iniciativas de ley que tendrían efectos negativos contra la defensa de los derechos fundamentales de la población guatemalteca.
Asimismo, existe una cauda de defensores y defensoras de derechos humanos, que sufren de prisión política, en la medida que su oposición a los proyectos económicos en sus territorios les ha llevado a la supresión de la libertad, sin haber cometido ningún delito. Casos de defensores y defensoras de derechos humanos en San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Chiquimula, Zacapa y Petén entre otros son claros ejemplos que el propio Estado guatemalteco persigue y encarcela a dirigentes comunitarios y sociales.
Por último y no por ello menos importante, en este clima de agresión y violencia contra personas que defienden derechos humanos, está el exacerbado discurso de odio, particularmente realizado en redes sociales y que se convierte en una plataforma de permisividad e incitación a violentar la integridad y dignidad de quienes desde distintos ámbitos defienden los derechos propios y de otros en el país.
De esta cuenta es que se hace necesario encarar al Estado guatemalteco, en particular al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación para que frenen este clima de violencia y generen las acciones necesarias para investigar a quienes cometen actos delictivos contra defensoras y defensores de derechos humanos. Pero también se hace necesario que la sociedad guatemalteca genere espacios de solidaridad en la medida que de profundizarse este clima violento, sólo daría paso a esquemas represivos más amplios de los cuales Guatemala no está dispuesta y no desea retroceder.
