POR CLAUDIA PALACIOS
cpalacios@lahora.com.gt
Las investigaciones del Ministerio Público señalan a la delincuencia común y a integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) como los posibles responsables directos de los recientes incendios, robos y desarme de vehículos consignados en los predios públicos. Sin embargo, el Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio de Gobernación han mantenido en abandono estos terrenos desde hace mucho tiempo, dando lugar al vandalismo y depredación de bienes privados bajo el supuesto resguardo público.
“En muchas ocasiones, las personas que eran ligadas a proceso temían más porque sus vehículos fueran llevados a un predio judicial, que a ser llevados ellos mismos a prisión”, comenta un juez de paz.
Y eso se explica porque los predios a donde se trasladan los automóviles vinculados a la comisión de delitos, o a otro tipo de procesos legales, se han convertido en terrenos abandonados a merced de la delincuencia común y la corrupción.
Sumado a esta situación, de acuerdo con Adela Camacho de Torrebiarte, comisionada para la Reforma Policial, los predios están saturados con un promedio de 20 mil vehículos por lote.
Por muchos años, el argumento de la PNC, institución que tiene la responsabilidad de brindar seguridad en los predios de automotores, es que el ente encargado de velar por la administración de los predios es el OJ.
Por otro lado, de acuerdo con el OJ, la institución no tiene bajo su cargo ningún predio de automotores, y solamente debe velar por un almacén judicial ubicado en Fraijanes y otro en la zona 7 de la Capital, los cuales no son propiamente predios, sino hangares donde se guardan todo tipo de objetos incautados.
Pese a que ninguna institución reconoce la administración de los predios, es el OJ el encargado de autorizar las subastas de automóviles para liberar los lotes y quien además regula la celeridad de los procesos de devolución de vehículos a sus dueños.
Una fuente del OJ señaló que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nunca se preocupó por mejorar las condiciones de saturación en que se encuentran la mayoría de predios. El tema ni siquiera fue planteado en los planes de trabajo especificados en Plan Estratégico Quinquenal 2011 de la CSJ.
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio tiene sus propios terrenos para aquellos vehículos que se encuentren en proceso de pasar a manos del Estado.
En el caso de que el propietario de dichos bienes logre demostrar que los obtuvo por medios lícitos, la Secretaría tiene la responsabilidad legal de entregar los bienes a sus legítimos dueños en las mismas condiciones en las que fueron decomisados. Por esta razón, explica la fuente, dichas bodegas son más cuidadosas en el mantenimiento de los bienes a su cargo.
NEGOCIOS Y CORRUPCIÓN
“Fíjense que tuve un accidente y se (llevaron) el carro preso. Llegamos a la Comisaría. Le quité la llanta de repuesto, le saqué el triquet, la llave de chuchos y todo lo que pude. Luego se lo llevaron al K. 22 Carretera al Pacífíco (…) Luego de que el MP determinara que no fui el que tenía la culpa (…) me dieron la carta para ir a traer la camioneta. Un mes después, cuando fui a verla le (…) quebraron el timón, se robaron la palanca y cuando vi, el motor sin computadora, solo los cables, los tapones (dejaron)”, comenta un usuario de un conocido blog nacional, donde se comparten estas experiencias.
“A mí me pasó con mi MR2. Ese carro se fue preso por un accidente, pero yo les pagué por día Q100.00 a los policías y hasta lo limpiaban (…). Allí estaba mi carro parqueado entre una Prado y una Tahoe (…)!!! Pasó allí 4 días y no le robaron absolutamente nada”, responde otro usuario.
De acuerdo con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, existen bandas criminales dedicadas al robo de partes de automóviles en los predios bajo resguardo de la PNC.
El funcionario cree que es posible que estos grupos sean los responsables de los seis incendios ocurridos el año pasado en el predio de Bárcenas, Villa Nueva, ubicado en el kilómetro 22.5 ruta al Pacífico y que consumió cerca de 600 automotores, según calculan las autoridades.
Una de las teorías que se mantienen es que los grupos delincuenciales habrían quemado partes del lote con el objetivo de abrir caminos en el terreno en el que se encuentra un aproximado de 25 mil automotores, la mayoría en estado de abandono, según la PNC.
Otra teoría, menos respaldada, es que los incendios habrían sido provocados por cortocircuitos en los automóviles.
El Ministerio Público (MP) tiene a su cargo dos carpetas de investigaciones sobre los incendios de Villa Nueva, los cuales están asignados a la Fiscalía de Delitos Comunes.
Otras investigaciones se llevan al interior de la PNC para analizar la posible participación de agentes encargados en el predio. Sin embargo, para Telémaco Pérez, director de la institución, los siniestros fueron provocados por personas particulares.
El año pasado, el Juzgado de Primera Instancia de Villa Nueva abrió proceso contra cinco agentes policiales por supuestamente utilizar como objeto personal vehículos ubicados en el predio de Bárcenas, Villa Nueva. Los agentes fueron liberados con medida sustitutiva, pero enfrentan proceso penal por el delito de robo en grado de tentativa.
Según la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC, hasta la fecha no se ha consignado a ningún agente por los hechos en Villa Nueva. Según la entidad, recientemente solo se inició proceso administrativo contra cinco agentes que se encontraban de guardia mientras ocurrieron una serie de robos.
La PNC ha indicado en numerosas ocasiones que los agentes asignados a las guardias en los predios no son suficientes para cubrir la extensión de los mismos. Pese al anuncio del Ministro de Gobernación de que se tomarían medidas en el asunto, el número de policías encargados no ha variado.
La comisaría del predio tampoco puede llevar un recuento del número de vehículos consignados en vista de que un incendio del 2011 acabó el inventario y actualmente solo tienen un promedio de los automotores livianos y pesados que han ingresado en los últimos años.
BORRAR EVIDENCIAS
De acuerdo con el Ministro de Gobernación, también se están realizando investigaciones con el MP para determinar la posibilidad de que estructuras criminales estén involucradas en los siniestros con el objetivo de borrar evidencias de los casos.
El año pasado, en uno de los predios ubicado en Salcajá, Quetzaltenango, ocurrió un incendio, pero a diferencia de los siniestros en Villa Nueva, este hecho acabó con tres carros en específico, los cuales habían sido recientemente incautados durante un operativo contra el crimen organizado.
De acuerdo con las autoridades, en esa ocasión, sujetos no identificados ingresaron al predio e incendiaron los automóviles antes de que pudieran ser inspeccionados por peritos en busca de evidencias del trasiego de drogas. La investigación estaba relacionada a presuntos colaboradores del cartel del Golfo en Guatemala.
En marzo del 2005 un hecho similar ocurrió con un automóvil blindado. Las autoridades establecieron que se intentó borrar evidencias de automotores en investigación.
AL ABANDONO
Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, opina que los predios a cargo de la Policía Nacional y el Organismo Judicial se convirtieron históricamente en botaderos de chatarra, puesto que los procesos de recuperación de los vehículos que fueron decomisados se vuelven engorrosos y complicados, favoreciendo una acumulación.
Para el analista, hay un descuido institucional que se refleja en el mantenimiento y atención a la seguridad de estos predios, detrás de lo cual puede existir un interés en retrasar los procesos para seguir manteniendo algunos “negocios oscuros” de robo de piezas y eliminación de evidencias.
“Las cosas funcionan así de engorrosas o de complicadas porque probablemente se ha convertido para algunas personas en un negocio, ese extremo no lo puedo comprobar pero con un poco de sentido común o sabiendo cómo es la cultura institucional en el país uno puede comprobar que precisamente se ha creado un mecanismo de recuperación de automóviles para hacerlo”, explica Celada.
A esto, señala, se agrega la complicación de que los automotores ubicados en predios han llegado a considerarse como chatarra y “si la PNC no tiene para pagar la gasolina o el Organismo Judicial no tiene para pagar aguinaldos, imagínese, ¿qué va a tener para pagar la vigilancia y el mantenimiento adecuado de estos botadores de chatarra?”
Según Celada, la primera solución sería encontrar mecanismos para hacer más ágiles los procesos de recuperación y que los propietarios pudieran hacerse cargo de ellos lo más pronto posible, para evitar que se acumulen en predios públicos y quitarlos como “tentación ” a ser objeto de robo o desmantelamiento.
“En muchas ocasiones, las personas que eran ligadas a proceso temían más porque sus vehículos fueran llevados a un predio judicial, que a ser llevados ellos mismos a prisión”.
Juez de paz.De acuerdo con Adela Camacho de Torrebiarte, comisionada para la Reforma Policial, los predios están saturados con un promedio de 20 mil vehículos por lote.
Según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, existen bandas criminales dedicadas al robo de partes de automóviles en los predios bajo resguardo de la PNC.
Telémaco Pérez, director de la Policía Nacional Civil, dijo que los siniestros en los predios de vehículos fueron provocados por personas particulares.
AUTOMÓVILES INCAUTADOS
Carros, motos, furgones y buses son llevados a los predios a cargo de la PNC o del OJ luego de que un juez ordene su incautación por estar relacionados a hechos delictivos o accidentes de tránsito hasta que se determine la culpabilidad de los propietarios.
Los automotores solicitados para pasar a manos del Estado, quedan a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Inmuebles que tiene sus propios terrenos para el mantenimiento de los vehículos.
EN CIFRAS:
7
incendios de automotores en predios se reportaron en 2013
600*
automotores fueron consumidos por el fuego
20,000
automotores en promedio se encuentran en cada predio
*Estimación