POR MARIELA CASTAÑÓN
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Aunque el 80 por ciento de las extorsiones se planifica desde los centros carcelarios y se ha creado un marco legal e implemento de soluciones tecnológicas, las mismas han fallado, principalmente por la corrupción en el Sistema Penitenciario (SP), detalla un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

El CIEN explicó en su informe “Entendiendo el fenómeno de las extorsiones en Guatemala”, que a partir de 2008 se registró un aumento drástico de las extorsiones, principalmente contra el transporte público, aunque desde 2004 el delito empezaba a tener incidencia.

De 46 mil 673 denuncias recibidas por el Ministerio Público (MP) entre 2005 y septiembre de 2014, 16 por ciento ingresaron al sistema de justicia.

De acuerdo con Corinne Dedik, investigadora del CIEN, a lo largo de los años se han creado varios mecanismos legales y soluciones tecnológicas para atender el origen de las extorsiones que, según la Fuerza de Tarea contra Extorsiones del Ministerio de Gobernación (Mingob), el 80 por ciento se planifica desde las cárceles, pero esto ha fallado.

Según la profesional, en el artículo 33 de la Ley del Régimen Penitenciario, Decreto 33-2006, se prohibió el teléfono celular en las prisiones, pero la normativa no contenía sanciones para quien incumpliera.

En tanto, la adquisición de los equipos bloqueadores para once centros carcelarios, en 2007, durante la gestión de Adela de Torrebiarte y Margarita Castillo en la Cartera del Interior y el SP respectivamente, no funcionó.

Mientras que, a pesar, de la Ley de Equipos Terminales Móviles, Decreto 8-2013, siguen ingresando móviles, muestra de ello es la incautación de 2 mil 169 teléfonos celulares y 1 mil 415 chips en 2014.

“Esas medidas no han tenido efectividad, se aprueba una ley, pero no se implementa en ese contexto. Si observamos las carencias que tiene el SP, obviamente va a fracasar, porque no existe la base para aplicar eficazmente la legislación”, detalló.

Por otro lado, Walter Menchú, también investigador del CIEN, explicó que el origen de este problema está en la corrupción y actualmente existen expectativas por la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles, Decreto 12-2004, pero se corre el riesgo de que si el tema sigue en la misma línea, difícilmente podrá implementarse.

“Hacemos énfasis en todo el mecanismo de gestión, en el caso que se pueda instalar el nuevo sistema de bloqueo, ahí, si la corrupción persiste no va a funcionar porque al final lo van a sabotear y va a suceder como en 2007, que ahí están las torres, pero no funcionó”, reiteró.

UNIFICACIÓN

Uno de los temas importantes, según el CIEN, es la unificación y recopilación de datos de las instituciones de seguridad y justicia, pues cada una maneja cifras distintas, por otro lado, instó al Mingob a realizar una encuesta de victimización y crear una mesa de trabajo de extorsiones en el marco de la Mesa Técnica interinstitucional.

Actualmente, el Mingob trabaja en una política penitenciaria que analiza varios ejes de trabajo a implementar, además, creará módulos de deshacinamiento y próximamente dará a conocer el nombre del nuevo director del SP, pues Édgar Camargo, quien anteriormente fungía en ese puesto, enfrenta un proceso legal por conformar una red de corrupción en el traslado de reclusos.

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