Raúl Molina
He venido alertando sobre el peligro de que Guatemala siga el camino de Honduras, en donde el Estado ha venido aplicando violencia criminal contra el movimiento social y popular, en forma parcialmente privatizada, desde el golpe cívico-militar contra el presidente Zelaya. Resalta entre los muchos actos criminales el asesinato de Berta Cáceres, con relación al cual se ha demostrado la participación de estructuras y funcionarios estatales. El asesinato el 9 de mayo de Luis Marroquín, dirigente de CODECA, organización que ha venido criticando al corrupto Poder Ejecutivo, nos enfrenta a la amenaza de que en Guatemala, con utilización de sicarios, se desate una nueva ola represiva, con participación oculta de agentes del Estado. Por ello, los discursos de funcionarios públicos, incluido el Presidente, que promueven la confrontación, deben cesar de inmediato, porque se constituyen en incitación para quienes ven la violencia como el único instrumento para mantener y ejercer el poder.
Han ocurrido asesinatos con motivación política desde la firma de la paz. Dentro de la cortina de humo que proporciona la criminalidad común, los “poderosos” han propiciado la eliminación de defensores de los derechos humanos, opositores políticos o defensores de tierras, territorios y recursos. Resalta, desde luego, el asesinato del Obispo Gerardi, en 1998, luego de entregar a Guatemala el Informe del REMHI, crimen perpetrado con apoyo de estructuras del Estado y nunca debidamente investigado a lo largo de veinte años. Los autores materiales e intelectuales siguen impunes o ya han muerto. No obstante, la política de Estado de violaciones graves de los derechos humanos se ha mantenido hasta hoy fuera de los instrumentos del gobierno, y las fuerzas armadas y de seguridad han sido instruidas para no entrar en la violencia criminal (no ignoramos que se han dado hechos criminales como desalojos violentos, la masacre de Alaska o muertes en que se sospecha de agentes estatales). El asesinato de Luis Marroquín, de no ser aclarado al plazo más corto posible, puede abrir la compuerta para que la “dictadura de la corrupción” se convierta en la típica dictadura violenta. Por ello este crimen debe ser resuelto eficaz y prontamente.
Esperar del Estado la solución de la violencia política es arriesgarnos demasiado, porque hay fuerzas oscuras dentro del mismo, conformadas por asesinos que siguen impunes por los crímenes de lesa humanidad durante el Conflicto Armado Interno, que quisieran reactivar sus brutales prácticas. Quieren volver a los “escuadrones de la muerte”, las desapariciones forzadas, el imperio de la “doctrina de la seguridad del Estado”. Somos las y los ciudadanos quienes debemos prepararnos para enfrentar la violencia criminal por razones políticas. Hay que tomar las plazas y las calles, nuevamente, para que el clamor popular contra la violencia criminal suene a lo largo y ancho del país. No debemos callar ante ninguna de las amenazas o actos de violencia represiva. No podemos permitir que la lista que con Luis se inicia bajo la jefatura de gobierno de Jimmy aumente y vuelva el país a teñirse de sangre.
