Por Denis Aguilar
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Tras la presentación de ayer de la segunda etapa de una investigación por financiamiento electoral ilícito de FCN, analistas se refirieron a lo dicho por el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez sobre cómo el financiamiento anónimo afecta a la democracia y al sistema electoral en el país.
Ante esto, Celia Luna, investigadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dijo que el Comisionado tiene la razón con sus declaraciones, ya que las leyes del país lo establecen de esa forma.
“La legislación guatemalteca permite a los partidos políticos el acceso a financiamiento político privado, ahora lo que dice el Comisionado Iván Velásquez es cierto porque lo que está penado actualmente en el Código Penal y está establecido también en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es que en ningún momento los aportes pueden ser de carácter anónimo”, dijo.
Luna señaló la importancia de evitar el financiamiento anónimo para que las empresas y personas individuales que financiaron alguna agrupación política no se vean beneficiados de la misma cuando están en el ejercicio del poder y que haya una mejor competencia para designación de contratos públicos.
“Ese anonimato es lo que menoscaba la democracia en el país, no permite que exista esa competencia leal porque también pone en una diferente capacidad a la organizaciones políticas y a los mismos candidatos”, señaló.
“No es lo mismo una agrupación que tiene, por ejemplo, acceso a medios de comunicación por el poder adquisitivo que tiene, a una organización más pequeña que no lo tiene, entonces el nivel de competencia no es el mismo”, agregó.
EL COMISIONADO TIENE TODA LA RAZÓN
Eddie Cux, del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de Acción Ciudadana, dio la razón al Comisionado Iván Velásquez por lo dicho ayer y agregó que cuando no se sabe la procedencia del dinero que recibe un partido político, existe un grave riesgo para la transparencia de los procesos electorales.
“Eso implica que afecta a la democracia y a la representatividad que tenemos los ciudadanos y la confianza que se le deposita a los partidos y a los candidatos que puedan ser electos, en ese sentido la transparencia electoral es un derecho que tenemos todos los guatemaltecos, que está considerado en la Constitución Política de la República”, dijo.
“Cuando no se sabe, cuando no se tiene transparencia del proceso, existe un grave riesgo que nos va a afectar a todos”, agregó.
Ayer en conferencia de prensa conjunta con la Fiscal General, Thelma Aldana, Velásquez mencionó que financiar a un partido es algo lícito, pero que cuando se utilizan subterfugios para entregar financiamiento anónimo a un candidato o partido, se afecta la democracia y al sistema electoral, lo que constituye un delito.
