Raúl Molina
La lucha contra la corrupción y la impunidad es intensa: por un lado, el “Pacto de Corruptos” en ejercicio de su poder político; y, por otro, sectores ciudadanos y del movimiento social que pugnan por depurar el Estado. En esa lucha, el doctor Carlos Alvarado, con el apoyo de la Usac, se situó al centro de la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, para cumplir un papel histórico que, incluso, le impidió considerar su propia reelección. La Ley Orgánica de la universidad le permite optar, legal y legítimamente, a un segundo período, aunque le obliga a obtener las dos terceras partes de los votos. Quienes al interior de la Usac se identifican con el “Pacto de Corruptos” han generado suficiente resistencia como para que esos votos no se puedan lograr. El peligro mayor en este momento es que esta universidad nacional y autónoma, que ha sido contaminada con prácticas de manipulación y corrupción introducidas por quienes se infiltraron en ella desde la época del Conflicto Armado Interno, pierda la continuidad de sus acciones por rescatar al Estado fallido y colonial que se padece.
El ambiente preelectoral universitario ha sido extraño: nadie ha querido mover las aguas, en un momento crítico en que la Usac participa por el cambio en la vida nacional y hay a la vez un proceso de reforma universitaria casi en marcha. Esa inmovilidad hizo que ni siquiera se analizaran las propuestas de democratizar la elección de Rector. Desde 1978, cuando Lucas García declaró la guerra a la Usac, existía el consenso sobre modificar la elección de Rector para permitir que profesores y estudiantes de los Centros Regionales y las Escuelas no Facultativas pudiesen participar. La violencia contra la Usac, sin embargo, expulsó de la universidad, asesinó o desapareció a numerosos miembros de la comunidad académica y hubo que pensar más en supervivencia que en transformación. Pero ha sido imperdonable que luego de veinte años de implementación de los Acuerdos de Paz, la universidad no haya democratizado la elección de sus autoridades. Es en esta oportunidad una elección sin posiciones claras y firmes. Fuera de las aulas universitarias, no conocemos la posición de la candidata y los candidatos sobre la corrupción del Estado; la ilegitimidad e incapacidad de Presidente y Vicepresidente; la exigencia de renuncia a funcionarios, legisladores y magistrados; la necesidad de una nueva Constitución; y la necesidad de verdad, memoria, justicia y resarcimiento frente a los crímenes de lesa humanidad, entre ellos el genocidio. Ni siquiera se plantea la reparación moral de los propios universitarios violentados.
Antes de acudir a las urnas universitarias, el 2, 3 y 4 de mayo, debemos exigir a la y los candidatos a Rector que se pronuncien, públicamente, y se comprometan a continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad junto a sectores ciudadanos y del movimiento social, así como que garanticen que la corrupción es extirpada del seno de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Solamente se podrá votar, ética y moralmente, por quien asuma estos compromisos y genere la confianza de que hará honor a ellos.
