Edgar Villanueva
La semana antepasada, se llevó a cabo en Lima, Perú, la VIII Cumbre de las Américas, la cual tuvo como tema central, “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” con el objetivo de definir una agenda hemisférica conjunta para abordar los retos urgentes relacionados con la corrupción y proponer soluciones a los mismos. La Cumbre contó con la presencia de varios presidentes y de otros funcionarios de alto nivel (en nombre de Guatemala no participó el presidente, Jimmy Morales, sino lo hizo el vicepresidente, Jafeth Cabrera) y finalizó con cincuenta y siete compromisos relacionados con transparentar la gestión gubernamental ante el ciudadano y combatir la corrupción.
Varios de estos compromisos son aplicables a nuestro país el día de hoy. Por ejemplo, el compromiso número dos: «Fortalecer la autonomía e independencia judicial siguiendo los estándares interamericanos y universales aplicables en la materia, con el objeto de promover el respeto al Estado de Derecho y el acceso a la justicia, (…)”. En la antesala de la elección del próximo Fiscal General, este compromiso es fundamental para seguir adelante en la lucha contra la corrupción y refleja otra responsabilidad que, por compromiso adquirido, recae sobre el presidente Morales.
Asimismo, el compromiso número doce: “Incentivar la participación eficaz del sector privado en las políticas públicas de prevención y combate de la corrupción; e instar a que las empresas privadas y públicas desarrollen o implementen programas de capacitación y de promoción de la integridad, a todos los niveles.” Este compromiso, coincide con los expresados por algunos empresarios a través de GuateIntegra y con los pasos positivos que se dieron el día de ayer en el caso de financiamiento electoral.
Pero principalmente, el compromiso número trece: “Continuar fortaleciendo sistemas o medidas nacionales anticorrupción y mejorar las condiciones para la efectiva participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, academia, sector privado, ciudadanos y otros actores sociales en el seguimiento de la gestión gubernamental, incluyendo el establecimiento de mecanismos de prevención, canales de denuncia de posibles actos de corrupción, (…)”.
Estos compromisos, nos evidencian que todo el hemisferio, con diferentes grados de voluntad y de intensidad, está enfocado en elevar los niveles de transparencia en la gestión del Estado y en combatir la corrupción en todos los ámbitos. Por esto, considero que es un excelente momento para ir avanzando sobre esta agenda y porque la sintonía regional nos está proporcionando diversos instrumentos, como el “Compromiso de Lima” para orientar nuestros esfuerzos por un país más transparente y con menos corrupción.
Además de tener varios instrumentos de orientación, también tenemos muchas lecciones aprendidas que nos permiten ir afinando los mecanismos disponibles para combatir estos flagelos que tanto daño han hecho a nuestros países.
El barco está pasando y las opciones son muy claras. Subirse al barco y luchar desde adentro por mejores controles, estándares y la aplicación de leyes que nos permitan avanzar o quedarse en el puerto acomodados en una situación que nos lleva a ningún lado.
