Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Mientras se le restriega al pueblo en la cara la insolente actitud de funcionarios como el actual Ministro de Ambiente que usa helicóptero hasta para ir a votar, y de quien fuera la Vicepresidenta de la República durante el gobierno del Partido Patriota, quien explicó a sus administradores de la corrupción que requería de 500,000 quetzales al mes por el resto de su existencia para mantener el nivel de vida que tenía, los diputados se aprestan a reformar el delito de financiamiento electoral ilícito de manera que prácticamente sea despenalizado para los secretarios generales de los partidos y quede con una sanción casi simbólica para los que desde 1985 han venido dando dinero y apoyo a los políticos para concretar la cooptación del Estado.
Varias veces he dicho que los políticos llegan hasta donde los ciudadanos los dejan, y tristemente vemos que esa expresión se ratifica con los hechos. Desde aquellos lejanos días en que los canales de la televisión abierta de Ángel González se llenaban de la propaganda electoral sin costo que ofrecían a los candidatos con alguna posibilidad, la cantidad de financistas y el resultado del financiamiento electoral anónimo ha sido increíble, al punto de que el Estado se desnaturalizó porque dejó de cumplir con sus fines esenciales pues toda la función pública se fue orientando a pagar los compromisos de campaña derivados de ese perverso financiamiento.
La Corte de Constitucionalidad emitió una resolución en la que se pedía especificar las penas para el financiamiento que se entrega en forma anónima y el que proviene del crimen organizado. De ninguna manera se puede entender que esa resolución del tribunal constitucional fuera para que se despenalizara la primera forma de contribución electoral, porque es obvio y salta a la vista que cuando se dice que el financiamiento es el pecado original de nuestra democracia se hace referencia al efecto nocivo que tienen ambos flujos de dinero, toda vez que la cooptación no hace distingos respecto al origen del pisto sino que se manifiesta fundamentalmente en las consecuencias que someten al Estado para que sea el instrumento para pagar las deudas adquiridas al recibir dinero para utilizarlo en propaganda y compra de votos.
Es evidente que vivimos en un país con absoluta ausencia de políticas públicas en el que la pobreza va en aumento, la salud y la educación son un desastre y la gente tiene que pensar en la migración o las pandillas como vehículos para romper el círculo generacional de la pobreza. Los indicadores sociales nos muestran un abandono que, además, puede apreciarse gráficamente en cuestiones tan elementales como el estado de la red vial y de los servicios públicos.
Todo ello porque quien llega al poder no lo hace para atender otro mandato que el que recibe de sus financistas, reñido radicalmente con la búsqueda del bien común que constitucionalmente se establece como uno de los fines esenciales del Estado. Y lo que ahora buscan los diputados es que siga esa fiesta y que los políticos no purguen penas ni sus financistas terminen en la cárcel.
