Juan Francisco Reyes López
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Dependiendo de la capacidad de la persona, de su responsabilidad, del tamaño de la empresa privada y del éxito de la gestión, así son los ingresos que percibe un ejecutivo en el sector privado, así se debe pretender que en el sector público los ingresos del presidente y vicepresidente de la República, de los presidentes de los organismos Legislativo y Judicial tengan un nivel similar al del presidente de un grupo empresarial como Multi-inversiones, Cementos Progreso, la Cervecería Centroamericana, el Banco Industrial o similares.
Los niveles de ingresos en su totalidad de los ministros, miembros de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y diputados al Congreso deben también ser como el que tienen los ejecutivos de las empresas intermedias. En cuanto a los alcaldes, concejales y síndicos o miembros del Tribunal Supremo Electoral deben estar en un tercer nivel de ingresos.
Como bien lo señalaran en un programa de televisión, los salarios deben tener una relación con el salario mínimo y con países del área. Pretender que exista una desproporción es sin duda incorrecto. Un magistrado del Tribunal Supremo Electoral funge cinco años pero realmente trabaja solo durante las elecciones generales que son cada cuatro años y no puede pretender estar al mismo nivel que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, mucho menos al mismo nivel que los presidentes de los organismos del Estado.
También todos los funcionarios electos por ley saben el día que toman posesión y el día que entregan, por consiguiente es un trabajo por plazo determinado, lo que laboralmente implica que no deben pretender tener indemnización al final del plazo para el que fueron electos o nombrados, hacerlo es totalmente improcedente.
Como se puede comprobar, en los años que fui diputado más de la mitad de mis ingresos los doné a las entidades de beneficencia, por cheque de mi cuenta en el Banco Industrial y durante mi gestión como vicepresidente, buena parte de mis ingresos, de forma voluntaria, se los doné a personas individuales a las que consideré debía beneficiar, lo que incluso motivó que improcedentemente se me acusara de utilizar recursos del Estado, lo cual a Dios gracias fue totalmente despejado por una revisión que solicité y se efectuó por la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
No es un secreto que mi declaración patrimonial fue hecha pública por la entonces diputada Anabella de León, tanto de cuando tomé posesión como cuando entregué el cargo. Si se pretendía hacerme un daño, evidentemente se me hizo un favor.
Qué bueno sería que todos los funcionarios públicos: presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, secretarios, diputados, magistrados y gerentes de entidades autónomas hicieran pública su declaración patrimonial al ingreso y al egreso del cargo. El que nada debe nada teme.
En todo caso, los salarios, las dietas y los gastos de representación deben ser adecuados y justos en el sector privado y en el sector público.
¡Guatemala es primero!
