Por Sonny Figueroa
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El tercer borrador de la Comisión Extraordinaria que analiza la reforma de penas al delito de financiamiento electoral ilícito en su modalidad de anónimo y no registrado, establece penas de 2 a 5 años, por lo que siguen siendo conmutables. Durante una reunión de la Sala, algunos diputados y bancadas pretenden que las penas sean más severas.
En la reunión, las bancadas y los diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia presentaron sus propuestas para castigar el financiamiento electoral anónimo y no registrado.
El diputado Arturo Martínez Dell, de la bancada Todos, propuso penas de 2 a 5 años y una multa de hasta Q100 mil. Una propuesta similar fue la presentada por el legislador Rudy Castañeda de UCN, que propuso la misma cantidad de años y que la persona sea multada con la totalidad del aporte o recursos que recibió.
PENAS SEVERAS
El Frente Parlamentario por la Transparencia propuso penas de 3 a 7 años, para que un juez decida si otorga o no penas conmutables. Además de una inhabilitación de hasta 5 años para las personas que cometan estos delitos para ser contratistas, proveedores o busquen optar a cargos públicos.
Walter Félix, diputado de URNG, propone penas de 3 a 6 años inconmutables para el financiamiento electoral anónimo y financiamiento electoral no registrado, ya que a su opinión la única forma de acabar con ese financiamiento es con penas fuertes.
Alejandra Carrillo, del Movimiento Reformador, apoyó la propuesta del Frente Parlamentario, explicando que hay que ser severos con los que apoyan a los partidos políticos para beneficiarse a futuro con contratos con el Estado.
Oscar Argueta, congresista de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se limitó a decir que se deben establecer penas para que un juez decida las sentencias dependiendo de los casos.
CUARTO BORRADOR
El presidente de la Comisión, Moisés Castañón dijo que el viernes se presentará a los diputados el cuarto borrador y explicó que no se buscará beneficiar a los secretarios generales de las organizaciones políticas.
A decir el diputado Jean Paul Briere del Frente Parlamentario, lo que se debe buscar en las propuestas es que la responsabilidad recaiga en los Secretarios Generales.
