POR ACISCLO URIZAR
aurizar@lahora.com.gt
El principal indicador de la inseguridad en el país hace referencia a las muertes violentas, que son la mayor preocupación de las autoridades. Sin embargo, los sobrevivientes de la violencia quedan al margen de la atención del Estado y deben salir adelante por su propia cuenta.
Durante el 2013 el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) reportó 6 mil 072 personas fallecidas, de las cuales 4 mil 674 fueron producidas por arma de fuego, lo que equivale al 76.98% del total de homicidios en el país, de ellas 515 fueron por arma blanca lo que representa un 8.48% del total de decesos por violencia armada.
En lo que va del año, de enero a septiembre, específicamente, datos del Inacif revelan un total de 4 mil 446 homicidios, de los cuales 3 mil 756 fueron cometidos con arma de fuego y arma blanca, lo que representa un 84.48% del total de casos. De seguir esta tendencia de estadísticas negativas en cuando a violencia armada se refiere, se terminará el 2014 con un total de 5 mil 928 víctimas.
Eso, sin tomar en consideración la creciente suma de personas que adquieren la condición de discapacidad como parte de esta violencia.
Bajo esa premisa, organizaciones como Transiciones, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi) y el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) presentaron la propuesta de ley de acceso a la rehabilitación para víctimas de la violencia armada ante el Congreso de la República, para brindar asistencia a las personas que han resultado incapacitadas por la violencia que impera actualmente en el país.
Gerson Sotomayor, abogado y consultor de Iepades, explica el fundamento de la iniciativa en mención. “Iepades, Conadi y Transiciones se unen para promover una iniciativa de Ley que ya fue presentada al Congreso de la República, para poder llenar un vacío que históricamente ha tenido el Estado, que es la atención a víctimas de la violencia armada que han quedado en estado de discapacidad ”, expuso el entrevistado.
Esta iniciativa pretende que, ante la ineficiencia del Estado para garantizar seguridad y desarrollo integral a los guatemaltecos, éste pueda resarcir el daño que ocasiona la violencia fortaleciendo la atención en materia de rehabilitación a las víctimas con discapacidad a causa de este flagelo.
SOBREVIVIENTE
Alex Gálvez, de 37 años, es director ejecutivo de Transiciones, una asociación guatemalteca que atiende a personas discapacitadas, proporcionándoles equipo necesario a las víctimas de la violencia, como sillas de ruedas, prótesis, en fin.
La vida de Gálvez dio un giro vertiginoso cuando apenas tenía 14 años.
Una tarde, él junto a su primo, salieron a comprar golosinas a una tienda ubicada en un sector de la zona 19 capitalina, cuando un grupo de pandilleros apareció en el sector y pretendía atacar a una pandilla rival.
Para infortunio de Alex, uno de los pandilleros se le acercó y sin mediar palabra le colocó el revólver en la cabeza, y él forcejeó. “En realidad me pusieron el revólver en la frente, yo lo moví y me dispararon en el hombro derecho y lastimó mi médula espinal”, cuenta el afectado. Esta situación le provocó paraplejía, haciendo que su vida cambiara para siempre.
En ese entonces el adolescente creyó que su vida había terminado y que ya nada tenía sentido. “Solo pensaba en morir”, confiesa.
Gálvez tuvo que afrontar en plena adolescencia una de las situaciones más apremiantes que le podría suceder a una persona. “Ya no sentí mis piernas, solo sentía sensibilidad del pecho hacia arriba. Sufrí mucho durante cuatro años. Me iba a morir. Afortunadamente recibí la ayuda de una persona que me llevó al extranjero y pues ahí recibí mi tratamiento por dos años” relató.
No obstante los sucesos lamentables que le ocurrieron, Alex sigue motivando y ayudando a personas que como él, han resultado afectados por la violencia armada que se vive en el país.
Actualmente nuestro entrevistado se destaca en la Selección Nacional de Básquetbol sobre silla de ruedas.
POCA ATENCIÓN
Ana Ruth Mérida, de la Defensoría de las Personas Con Discapacidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que los centros hospitalarios están en crisis y no es de desconocimiento de nadie, y en consecuencia afecta a las personas que son víctimas de la violencia, especialmente a las que han adquirido la condición de discapacidad.
Los centros de rehabilitación para atender a las personas con discapacidad son muy limitados, casi inexistentes.
La entrevistada mencionó que uno de los “mejores” centros para brindar asistencia a los imposibilitados es el que se encuentra en el Hospital General San Juan de Dios, sin embargo el personal no es insuficiente para brindar asistencia a quienes que lo requieren, además de carecer del equipo adecuado para atender las diferentes necesidades de los pacientes, no existe el espacio conveniente.
En tanto que Marisol Alonzo, de Iepades, considera que existe un gran problema actualmente, porque están al servicio de los discapacitados los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios que atienden a las víctimas por causas de violencia armada pero después de eso no hay servicio de rehabilitación, no existe el seguimiento adecuado para brindarle la asistencia necesaria a los pacientes, recalcó.
“Las personas pueden salir con una intervención quirúrgica o amputación de piernas u otro miembro, pero después no se le da ningún seguimiento a las víctimas. Se pensó en una ley para la rehabilitación de las personas, porque la mayoría de hechos de violencia y víctimas de la misma son por consecuencia de arma de fuego, por eso se pensó en una iniciativa en ese sentido”, explicó Alonzo.
GRUPO OLVIDADO
Según manifiesta la Defensora de los derechos de las personas con discapacidad, Ana Ruth Mérida, la personas con discapacidad no han sido prioridad para los gobiernos de Guatemala, es un “grupo olvidado” por las autoridades y no se han creado las políticas públicas que favorezcan la atención, rehabilitación y desarrollo de los mismos.
Gálvez indica que en conjunto con varias organizaciones tratan de brindar ayuda a las personas que han adquirido esa condición, especialmente cuando estas han sido afectadas recientemente, porque según el consultado, se pueden obtener mejores resultados si se trata de inmediatamente a una persona herida por arma de fuego, si la rehabilitación se lleva a buen tiempo, los resultados que se pueden obtener pueden ser muy satisfactorios.
Aboga para que los gobernantes no soslayen la responsabilidad que tienen con las personas discapacitadas y que no obvien la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual los obliga a brindar atención inmediata y oportuna a este sector de la población para un desarrollo digno.
En tanto Mérida aconseja a las autoridades que deberían tomar en cuenta que los índices de discapacitados por violencia van en aumento y no existen los suficientes servicios y atenciones para que una persona en esta situación pueda desenvolverse en igualdad de condiciones.
IMPUNIDAD
El daño que las personas sufren a causa de la violencia armada en el país es tener que cargar con la condición de discapacidad adquirida por algún incidente de esa naturaleza, sino también con la poca capacidad de las autoridades correspondientes para dar seguimiento a los delincuentes que han ocasionado esos hechos y poder penalizarlos como lo establece la ley.
Esto adhiere una complicación más y vulnera los derechos de las personas con discapacidad, que no solo tienen que lidiar con lo que implica adoptar nuevas condiciones de vida y soportar el hecho de violencia en sí, sino que se suma la impotencia de que el Estado no ha cumplido con sancionar a los infractores de estos delitos.
FINANCIAMIENTO
Gerson Sotomayor declara que el financiamiento para cumplir con el cometido de la iniciativa se puede y se debe obtener a través de la reasignación de fondos de extinción de dominio.
Estos fondos, el 14% de los mismos pasaría directamente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con un candado presupuestario para que solamente pueda ser destinado para la atención de víctimas de ese tipo de violencia, afirma el especialista.
El consultado señala que, cuando se realizó la Ley de Extinción de Dominio solamente se pensó en redistribuir los fondos para la operación de las instituciones del Sistema de Justicia, pero no se pensó en la víctima.
La víctima, según el consultor de Iepades, es el aliado estratégico de la justicia y si no se tiene atención a la víctima, especialmente a las que han quedado en condición de discapacidad por descuido del Estado, el mismo debe reivindicarse guiado por lo establecido en el Artículo 2 de la Constitución Política de la República, el cual dicta que el Estado debe garantizar la vida y el desarrollo integral de sus habitantes.
“Ya no sentí mis piernas, solo sentía sensibilidad del pecho hacia arriba. Sufrí mucho durante cuatro años. Me iba a morir. Afortunadamente recibí la ayuda de una persona que me llevó al extranjero y pues ahí recibí mi tratamiento por dos años”, relató.
Alex Gálvez
Director Ejecutivo de Transiciones
URGEN CENTROS DE REHABILITACIÓN
La representante de Iepades continúa diciendo que son insuficientes los medios para darle atención a las víctimas de la violencia armada, por lo cual es necesaria la creación de nuevos centros de atención y rehabilitación para las personas discapacitadas
“El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) sí cuenta con un centro de rehabilitación que, lamentablemente, no está al alcance de todos los guatemaltecos, sino solo de aquellos que están afiliados a dicho instituto, pero ¿qué pasa con los demás, entonces? Es en atención a esas personas que se obliga a la creación de los centros especializados de rehabilitación en coordinación con el Ministerio de Salud Pública” sentención.
La experta en el tema agregó que, incluso, las personas con discapacidad que necesitan alguna prótesis, tienen que buscarla en otras instituciones no gubernamentales, porque los centros asistenciales públicos no cuentan con esos implementos.
Aunque en la propuesta de ley presentada al Legislativo no se contemplan cifras concretas de personas lesionadas o en condición de discapacidad, el comportamiento mensual de las lesiones es muy similar al de homicidios, lo que presupone un aproximado de víctimas lesionadas por arma de fuego y arma blanca que pudieron obtener algún tipo de inmovilidad a raíz de la violencia imperante en el país.
