Ayer fue un día cargado de expresiones sobre lo que se vive en Guatemala en el marco de la corrupción. Desde opiniones sobre la necesidad de impedir el retorno al pasado que buscan los actores del Pacto de Corruptos hasta la afirmación del Director Ejecutivo de la cúpula empresarial que calificó de “irresponsable” el utilizar la calificación de Estado capturado porque, según él, eso avienta de un plumazo a generaciones de funcionarios honestos. Pero la que nos parece fundamental fue la del comisionado Iván Velásquez en el sentido de que el financiamiento electoral ilícito no es un delito menor. Y es que eso es lo que explica la captura del Estado que algunos se resisten a ver, tal vez porque conocen perfectamente cómo y para qué es que opera así el sistema.
En efecto, la cooptación del Estado fue explicada con seriedad por el MP y la CICIG al evidenciar la forma en que, mediante el financiamiento electoral que no proviene del narcotráfico o de mafias de ese tipo, se ha puesto al Estado al servicio de intereses que nada tienen que ver con el bien común que es su fin esencial. Dinero que corre a chorros de manera secreta y que es aportado por sectores ajenos a los narcos, secuestradores o extorsionistas, genera un compromiso de la clase política para que todo el aparato estatal se ponga al servicio de los financistas que, de esa forma, recuperan con abundantes creces su “inversión”.
Hace años que Guatemala no tiene gobiernos que promuevan políticas públicas de desarrollo y atención a los problemas más serios del país. Si es de salud y educación, todo gira alrededor de los pactos espurios suscritos corruptamente con dirigencias sindicales a las que no interesa el impulso de programas que lleven mejor educación y salud a los habitantes más desprotegidos de la República, al tiempo de que se concretan negocios que van desde la compra de medicinas y libros hasta la de insumos y alimentos, todos marcados por el sello de la transa.
Mientras haya poderosos sectores que se nieguen a reconocer que vía el financiamiento electoral se produjo la cooptación y captura del Estado, será imposible enderezar el rumbo de la patria y los funcionarios honestos, que los hay, seguirán condenados a la frustración de ver que todo el recurso público se dilapida en la corrupción.
Afortunadamente no todos son tan ciegos como para negar esa realidad. Hay gente que entiende que el país no puede seguir así, y que está dispuesta a reconocer sus propios errores para impulsar el cambio.
