Nuevamente trabajan a marchas forzadas los operadores del Pacto de Corruptos para rescatar el control de la Junta Directiva del Congreso y se mueven con los mismos recursos para asegurar que nada cambie luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena repetir la elección realizada a mediados de este mes, y hay que destacar el papel que juegan figuras como el dueño del partido Creo, Roberto González Díaz-Durán, el mismo que pactó con Jimmy Morales para dar inicialmente vida al ahora ya célebre Pacto de Corruptos que arrancó con la elección de Óscar Chinchilla como Presidente del Congreso en una alianza con los sectores más tenebrosos de ese Organismo.
Anoche, ante la perspectiva de la conformación de una planilla alternativa de oposición que pueda dar batalla para rescatar la dignidad del Congreso, movió piezas para promover una tercera planilla que sería encabezada por el diputado Fernando Montenegro, con la finalidad de crear una quinta columna que debilite las posibilidades de una propuesta seria, desvinculada de los vicios que han desprestigiado a ese Organismo.
Es un momento decisivo para el Congreso de la República que ha llegado a los mayores niveles de repudio, como lo demostraron miles de ciudadanos inscritos en el Distrito Electoral de Quetzaltenango que presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral un escrito en el que desconocen a varios de los diputados de ese departamento.
La elección de la Junta Directiva que ha sido desconocida por resolución de la CC, presentó vicios que propiciaron la nulidad luego de un oportuno amparo presentado por Acción Ciudadana. La Corte resolvió lo que por ley correspondía y ordena que se repita la elección, lo cual debe ocurrir dentro del término perentorio de ocho días.
La agenda de esta directiva era la de detener la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país mediante la emisión de leyes que despenalizaran los hechos que, como el financiamiento electoral, han permitido la cooptación del Estado. Además, como se vio el domingo, la agenda se debía nutrir con legislación para pasar sobre la cabeza de los medios de comunicación que a juicio del ahora indiscutido jefe del Pacto de Corruptos, merecen cualquier clase de castigo, desde los que puedan consignar leyes nuevas hasta los que, atendiendo su petición pública, pueda ejecutar el Ejército de la República en contra de esas cabezas de los medios que tanto molestan por esa terquedad de estar señalando la corrupción existente.
Revertir esa agenda debe ser el objetivo para impedir el colapso definitivo.
