POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El antejuicio contra el titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, fue rechazado gracias al voto de diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y tres suplentes que integran distintas Salas de Apelaciones.
La Hora publicó el lunes que la CSJ no hacía público el listado de los magistrados que habían conformado el pleno el día que se deliberó en el caso Moto y según una publicación de Soy502 de ayer, los magistrados de la CSJ que estuvieron de acuerdo con que Moto preservara su inmunidad fueron: José Antonio Pineda Barales, Nery Oswaldo Medina Méndez, Vitalina Orellana y Orellana, Josué Felipe Baquiax, Sergio Amado Pineda Castañeda, Silvia Verónica García Molina, Néster Vásquez Pimentel, Rafael Rojas Cetina, María Eugenia Morales Aceña y Elizabeth Mercedes García Escobar.
Asimismo, según lo informado por Soy502, también votaron por rechazar el retiro de la inmunidad los magistrados: Jaime Amílcar González Dávila, de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal; Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal y Guillermo Demetrio España Mérida, de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Ángel Pineda, portavoz del Organismo Judicial, dijo que la decisión de rechazar el antejuicio fue “unánime”, es decir, que hubo consenso en todos los magistrados por no retirar la inmunidad.
Debido a que dentro de los votos se encuentra el de la magistrada Eugenia Morales Aceña, quien ha mostrado distancia del grupo mayoritario de la CSJ que votó por Pineda Barales como presidente de ese organismo, se intentó consultarle al respecto, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no fue posible comunicarse con ella.
El pasado lunes La Hora publicó que la Corte se había mostrado hermética en dar a conocer los nombres de los magistrados que rechazaron, por unanimidad, dar trámite al antejuicio contra Moto.
ANTEJUICIO
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para investigarlo penalmente por existir sospechas de que benefició, arbitrariamente, a sindicados en el Caso Bufete de la Impunidad, entre ellos la jueza Marta Sierra de Stalling.
Según la Fiscalía, Moto retrasó el cumplimiento de resoluciones judiciales que le ordenaban enviar a prisión preventiva a algunos sindicados y a varios de ellos los benefició con el cierre del proceso penal.
