En nombre de la institucionalidad del país, los diputados que suscribieron el Pacto de Corruptos se apresuran a forzar la veloz aprobación de un Presupuesto deficitario y sin candados que pretenden evitar abusos como el de los bonos que sin empacho ni rubor se crean en las distintas dependencias del Estado. Desde el punto de vista de esa cacareada institucionalidad, están en todo su derecho porque forma parte de las facultades de los miembros del Congreso la aprobación del Presupuesto, pero desde el punto de vista real esos diputados carecen de legitimidad moral para comprometer al país con una deuda irracional planteada en forma irresponsable por las autoridades de Finanzas Públicas que no sólo inflan el estimado de ingresos por la vía tributaria, sino que además plantean niveles de endeudamiento que constituyen un grave peligro.
Y es que si bien en comparación con nuestro Producto Interno Bruto podría pensarse que nuestra deuda aún es manejable, si la relacionamos con la captación fiscal, que es de las más bajas del mundo, veremos cuán débil es nuestra capacidad de pago y lo peligroso que es endeudarnos más. Aparte hay que considerar que los parámetros de endeudamiento de otros países se relacionan con créditos que otorga la misma Banca Central, pero en Guatemala esa ventanilla fue cerrada en una sucia maniobra del sector financiero cuando se planteó la reforma constitucional para depurar al Congreso en tiempos de Ramiro de León Carpio.
Tenemos el que seguramente es el peor Gobierno de la historia del país, lo cual ya es muchísimo decir, incapaz de ejecutar el dinero presupuestado pero empeñado en aumentar las asignaciones y, lo más importante, eliminar los candados que pretenden evitar el despilfarro y la corrupción. Y con la complicidad de un Congreso del que ya no vale la pena ni hablar más porque mostraron el cobre el 13 de Septiembre cuando, acatando instrucciones del mismo Presidente, aprobaron a rajatabla las leyes de impunidad que habían sido elaboradas en el Ministerio de Finanzas, pretenden que el Presupuesto, además de ser un instrumento financiero, se convierta en el instrumento para sellar definitivamente ese perverso Pacto de Corruptos.
Por supuesto que esa es la institucionalidad que resulta vital no sólo para los políticos, sino también para quienes han sido sus socios a lo largo de muchos años en la ya corroborada cooptación del Estado que cimentó un modelo de saqueo que ha condenado a millones de guatemaltecos a vivir en condiciones de precariedad que les obligan a emigrar en busca de las oportunidades que su país no les ofrece.
