Joseline Ayala
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Algunos diputados del Congreso de la República han iniciado a aplicar tácticas políticas que podrían garantizarles la reelección disminuyendo el trabajo que realizan y principalmente evitando exponerse en temas polémicos o asuntos que podrían involucrarlos en procesos administrativos o penales.
Esto se ha evidenciado en los integrantes de la actual Junta Directiva, quienes públicamente en al menos dos ocasiones indicaron que han “preferido” aplazar la toma de decisiones de asuntos legislativos, para que sean los diputados electos en esos cargos el otro año los que carguen con la responsabilidad administrativa de esas decisiones.
Por ejemplo, el tercer vicepresidente de la directiva, Marvin Orellana, expresó que por recomendación del Departamento Jurídico del Congreso se decidió desistir de la contratación de varios directores y jefes de las áreas administrativas del Parlamento, dejando que sean los de la próxima junta directiva, quienes determinen qué hacer al respecto.
Además, el tercer secretario, José Valladares, explicó que la solicitud de la diputada Lesly Valenzuela de congelar su plaza administrativa en el Legislativo, se había aplazado hasta finales de enero del próximo año para que los directivos del 2018 decidan si le otorgan el permiso.
Estas dos acciones públicas son interpretadas por el analista político Renzo Rosal, como una evidente activación de tácticas, las cuales empezarán a emprender los diputados de forma paulatina con miras a lograr mantener su lugar dentro del Legislativo.
“Los diputados evidencian que quieren cuidarse, ya que los ojos están puestos sobre ellos y que además existe la posibilidad de que la Contraloría General de Cuentas les niegue su finiquito para poder inscribirse como candidatos a través de un hallazgo”, explicó.
