POR REDACCIÓN LA HORA*
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Guatemala es un país marcado por la constante tragedia para miles de familias debido la violencia homicida, situación ocasionada por diversos factores. Ante esa problemática el debate sobre la pena de muerte es reiterativo cada cierto tiempo desde los ámbitos políticos, sociales y legales, impulsados por motivos de similar índole; aunque su aplicación no sea para todos los delitos y su efectividad disuasiva casi nula.
La indignación hacia los integrantes de estructuras criminales que provocan daño a la sociedad es inevitable. El rechazo hacia estas personas ha ocasionado que varios sectores apoyen la pena de muerte como solución a la delincuencia del país, aunque no sea aplicable en la mayoría de casos y delitos.
Guatemala es considerado un país solitario en el continente respecto a la pena de muerte, ya que junto a Estados Unidos, Cuba y otras pequeñas islas del Caribe, mantienen aún vigente la pena capital.
El artículo 18 de la Constitución Política de Guatemala, regula la pena de muerte, aunque ésta no se aplica desde el año 2000, debido a un vacío legal.
El pasado 24 de octubre, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió una acción de inconstitucionalidad interpuesta por José Alejandro Valverth y Marlon Estuardo García, por medio de la cual dejó sin vigencia la parte conducente de los artículos en los que se contemplaba la aplicación de la pena de muerte, normativas creadas posterior a que Guatemala adoptará el Pacto de San José.
La resolución deja exentos de la pena de muerte los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y la muerte del Presidente o Vicepresidente; las leyes y artículos fueron legislados posteriores al mencionado Pacto.
¿QUÉ ES EL PACTO DE SAN JOSÉ?
En 1969, el Gobierno de Guatemala participó en San José, Costa Rica en la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, en la cual adoptó la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), la cual ratificó en 1978.
Por medio del Pacto de San José, Guatemala se comprometió a no ampliar el catálogo de delitos que podían ser castigados con la pena de muerte.
Sin embargo, especialmente en tiempos de campaña electoral o durante coyunturas en las que los hechos de violencia aparentan tener un repunte, políticos y otros sectores sacan a luz el debate sobre la necesidad de aplicar la pena de muerte para reducir los índices de violencia del país.
En ocasiones haciendo alusión a la falta de un sistema de justicia mal organizado y tachado de posibles actos corruptos, lo cual se ha replicado en los ciudadanos, algunos de ellos consideran y expresan que la mejor opción para acabar con los delincuentes es aplicando la pena capital.
ES ATRACTIVA POR UN SENTIMIENTO DE VENGANZA
El tema también ha sido importante en el discurso político y ha llegado a ser un punto común de discusión. En el país, algunos diputados han presentado iniciativas de ley tanto para activar la pena capital, como para abolir definitivamente este castigo. Sin embargo, ninguna avanzó ni fue aprobada.
En marzo del 2016, los diputados: Marcos Yax, del Frente de Convergencia Nacional (FCN), Juan José Porras y María Eugenia Tabush de Visión con Valores (ViVa), y Álvaro Arzú Escobar del Partido Unionista presentaron a la Dirección Legislativa una iniciativa de ley para reactivar la pena capital.
En contraparte, días después, un grupo de 35 diputados de diferentes bloques legislativos presentaron una iniciativa de ley con el objetivo de eliminarla, bajo el argumento de que “la muerte no se erradica con más muerte, sino con oportunidades para que la vida fortalezca”.
Este año, otro grupo de diputados también intentó reactivar la pena de muerte por medio de una iniciativa que buscaba regular el recurso de gracia, indulto o conmutación, el cual está a cargo del Presidente de la República y aspecto por el cual no se aplica desde el año 2000, debido a que se ha argumentado que podría considerarse hasta una interferencia de poderes.
Aunque eso no ha detenido a que los candidatos presidenciales y los propios mandatarios lleguen a ponerla sobre el tapete de la discusión.
El actual Vicepresidente es uno de los funcionaros que ha manifestado su apoyo a la pena de muerte. “Yo estoy totalmente de acuerdo con la pena de muerte”, dijo Jafeth Cabrera el pasado 10 de agosto, luego de una actividad pública. El mandatario, según indicó, su percepción era que no existe opción de rehabilitación por parte de las personas que incurren en ciertos delitos.
Oswaldo Samayoa, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), afirma que la pena de muerte, para la sociedad, es atractiva porque “materializa” un sentimiento de venganza.
De acuerdo con Samayoa la pena de muerte es atractiva para la clase política porque le facilita el trabajo. “A un político le es mucho más atractiva –la oferta de pena de muerte– porque le facilita las cosas. No tiene que pensar en soluciones de prevención ni tampoco le toca construir políticas serias, pero matar sabemos hacerlo desde el inicio de la humanidad”, señala.
Samayoa dice que los países que se han caracterizado por aplicar con mayor severidad la pena de muerte son aquellos que cuentan con sistemas políticos basados en dictaduras o que en su historia se han producido “modelos hegemónicos”, por ejemplo, la esclavitud.
PENA DE MUERTE “UNA LEGÍTIMA DEFENSA”
La columnista en Diario La Hora y viuda del abogado Francisco Palomo, Lucrecia de Palomo, una de las impulsoras en 2016 de la reactivación de la pena de muerte, defiende este punto al señalar que se trata de una defensa propia.
“Lastimosamente tuvo que ser ejecutado extrajudicialmente Pancho, mi marido, para que yo, como parte de ese ‘grupúsculo’ decidiera intervenir en la situación de sangre y violencia diaria que se vive: no provocando las muertes, sino propiciando la legítima defensa. Simplemente es una cuestión de defensa personal, de buscar que se deje de ejecutar extrajudicialmente a personas honradas que buscan llevar el pan a sus hijos y que, son ejecutados por dinero o por intereses personales, sin que el Procurador de DD. HH. diga ni cuillo”, expresó en una columna publicada por este medio el 17 de marzo de 2016.
En ese sentido, hace énfasis en la necesidad de restablecer la pena capital como un punto legítimo y contemplado por la legislación nacional.
“De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por parte de la ONU, en 1948, se han derivado una cantidad de políticas que a nivel mundial se han propagado y no necesariamente han beneficiado a la mayoría, pero sí a un grupúsculo de burócratas. Los DD. HH. originalmente se contemplaron para proteger al ciudadano contra los abusos del Estado para luego ampliarse a todos los ámbitos, garantizando una vida digna para todos. Lamentablemente hay más violaciones por parte del sector privado que del Estado; ejemplo de ello es la ejecución de la pena de muerte extrajudicial que sicarios aplican varias veces cada día.”, añadió en esa columna.
Por último, hace énfasis en que debe velarse por el respeto y cuidado de la integridad, así como los derechos humanos de la mayoría de la población.
“Estamos exigiendo nuestros DD. HH. al solicitar la PENA DE MUERTE JUDICIAL, contemplada en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Aducen nuestros antagonistas que dicha norma no es compatible con los DD. HH. pues nadie y menos el Estado tiene la potestad de quitarle la vida a otro. Aquí es donde la argumentación se pierde. Como hombres racionales tenemos la libertad de acción, escogemos y decidimos cómo vivir. Las leyes existen para velar por que esas libertades no sean trasgredidas y de ser así, aplicar las consecuencias. Las leyes están para el bien común, no el de los delincuentes”, puntualizó.
¿INSTRUMENTO PARA REDUCIR LA VIOLENCIA?
A pesar del argumento utilizado por los políticos para afirmar que la pena de muerte ayudaría a la reducción de la violencia, la realidad de algunos países contradice esa aseveración.
Un informe de Amnistía Internacional indica que los países en los que más se aplicó la pena de muerte durante el 2016, no necesariamente lo hacen para combatir la delincuencia o disminuir sus índices delincuenciales.
De acuerdo al estudio, la cifra en general de ejecuciones del año pasado disminuyó respecto a las del 2015, así como el número de países que realizaron ejecuciones. El estudio señala que algunos de los países que más aplicaron la pena de muerte el año pasado son: Pakistán, Irak, Arabia Saudita e Irán.
PAKISTÁN
Con un mínimo de 87 muertes por la pena capital durante el 2016, es considerado uno de los países con más número de ejecuciones al año.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos en Pakistán, citado por Amnistía Internacional en su informe anual, los tribunales civiles impusieron 277 condenas a muerte durante el año, entre ellas 193 por tribunales ordinarios y 31 por Tribunales Antiterroristas, los cuales fueron utilizados para juzgar a personas acusadas de delitos previstos en el Código Penal.
A pesar de aplicar la pena de muerte como castigo por cometer delitos, según el informe publicado en diciembre del 2016 por el grupo de investigación de datos Verisk Maplecroft, Pakistán se encuentra en el puesto 10 de los 13 países con mayor índice de criminalidad.
De acuerdo con el medio BBC Mundo, para el estudio la empresa encargada de la recopilación de datos tomó en cuenta las cifras de cada país sobre asesinatos, robos, secuestros, extorsión, efectividad de las fuerzas de seguridad y los delitos sobre las economías de los países.
IRAK
Según la ONU, como consecuencia del conflicto armado, los atentados con vehículos bomba y otros actos violentos en Irak, durante el 2016 murieron 6,878 civiles y resultaron heridos 12,388 personas.
Respecto a la aplicación de la pena capital, en el 2016 se registraron 88 ejecuciones, las cuales se realizaron por autoridades del gobierno central, según Amnistía Internacional. Además, se cumplieron más de 145 condenas de muerte pendientes. Algunas sentencias condenatorias y condenas a muerte se basaron en confesiones que podrían haber sido obtenidas mediante tortura y otros malos tratos, menciona el informe.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, publicado en 2015 por el medio ABC, Irak se encuentra en el noveno nivel de peligrosidad a nivel mundial. En donde 0 es la ausencia de total peligro y 10 es el máximo riesgo.
El estudio español recomienda que este país sea visitado solo por “extrema necesidad” debido a los altos índices de criminalidad.
ARABIA SAUDÍ
Arabia Saudí es uno de los países que figura entre los mayores ejecutores del mundo, según el portal de Amnistía Internacional. En el 2016 se registraron 154 ejecuciones: 3 mujeres y 151 hombres. Además, se reportaron 40 condenas a muerte.
Según Amnistía, los delitos no letales como el adulterio, robo a mano armada, delito de drogas, violación, brujería y hechicería son punibles con la muerte.
De acuerdo al ranking de paz global, el país se sitúa en el puesto 133 por lo que puede considerarse un país peligroso. La medición indica que Arabia Saudita ha empeorado su posición debido a que en el 2016 ocupaba el puesto 129.
IRÁN
En Irán se ejecutaron al menos 567 personas, entre ellas, 8 mujeres. Del total de las ejecuciones, 33 se realizaron en público. Amnistía Internacional registró 145 condenas de muerte.
La mayoría de ejecuciones se realizaron por delitos relacionados con drogas, asesinato, violación o delitos contra el Estado y “enemistad con Dios”. De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, al menos dos personas fueron ejecutadas por delitos que cometieron cuando eran menores de 18 años.
Por otro lado, también se pueden mencionar a países que han abolido la pena de muerte y sus índices de criminalidad varían, por ejemplo: Costa Rica, Chile, Suiza y Portugal.
PORTUGAL
Portugal fue uno de los primeros países que abolió la pena de muerte y renunció a su aplicación antes de que se legislara.
La pena capital fue abolida por “delitos políticos” en 1852 y por “delitos civiles” en 1867. Sin embargo, se mantuvo dentro del Ejército hasta 1911 en el Código Militar. Por medio de la nueva Constitución de la Primera República portuguesa se abolió la pena capital, pero se restableció durante la Primera Guerra Mundial en 1916 para “delitos de traición”.
Luego, quedó abolida totalmente en 1976, la Constitución de ese país establece que “no se aplicará la pena de muerte en ninguna circunstancia”.
Según el medio La Vanguardia la Asociación Portuguesa de Apoyo a la víctima (APAV), indicó que en el 2016, el número de violencia se redujo ligeramente.
Los datos señalan que 9,347 personas fueron víctimas de violencia, de las cuales el 82% son mujeres. Por lo tanto, se puede decir que fueron agredidas en promedio 14 mujeres al día y 100 a la semana. Sin embargo, este dato es menor respecto al 2015, afirma el medio de comunicación.
Según el portal datosmacro.com la tasa de homicidios en Portugal se situó en 2015, en una muerte por cada cien mil habitantes. El porcentaje de hombres asesinados fue de 70.2% y el de las mujeres 29.8%.
SUIZA
La pena de muerte por delitos civiles no existe en Suiza desde 1942. La última ejecución fue en 1940, cuando Hans Vollenweider, reconocido culpable de tres asesinatos, fue guillotinado en el cantón de Obwald, según indica el portal web de noticias swissinfo.ch.
Según un estudio dado a conocer por la Conferencia de Comandantes de las Policías Cantonales de Suiza (CCPCS) en el 2016, ocho de cada diez personas que viven en el país se sienten seguras.
De acuerdo a swissinfo.ch, el estudio señala que de las 2 mil personas encuestadas el 7.9% fueron víctimas de hechos o amenazas durante los últimos cinco años.
Suiza se encuentra entre los primeros diez puestos del ranking de paz en Europa, específicamente el puesto 7. La medición evalúa el grado de seguridad y libertad dentro de la sociedad, la existencia de conflictos regionales e internacionales y la militarización, según un artículo del medio Switzerland Global Enterprise.
CHILE
Luego de más de diez años de trámite legislativo, en abril del 2001 el Parlamento de Chile resolvió abolir la pena de muerte, la cual fue reemplazada por una condena de presidio perpetuo calificado, en la que los reos deberán cumplir 40 años de cárcel antes de poder solicitar su libertad condicional, explica el diario El País.
La última sentencia ejecutoriada se realizó en 1985 en contra de los excarabineros: Jorge Sagredo y Carlos Topp Collins, llamados los psicópatas de Viña del Mar, luego de que cometieran diez asesinatos y cuatro violaciones, explica el medio chileno Emol.com.
La Fundación Paz Ciudadana realiza un estudio respecto al índice de victimización, el cual analiza el comportamiento y el impacto en la ciudadanía del robo, uno de los delitos más recurrentes en Chile, denominado “de mayor connotación social”, explica la Fundación en su página web.
Respecto al índice del 2017, se indica que el porcentaje de los hogares en los que algún miembro ha sido víctima de robo o intento de robo una o más de una vez, ha aumentado respecto al 2015, debido a que ahora representa el 39.5% y en el 2015 fue de 38.5%.
Además, el temor de la población disminuyó en 3 puntos porcentuales, bajando de un 21,1% en 2015 a un 17,9% en 2016.
El estudio también indica que hubo un aumento significativo en la proporción de delitos ocurridos en la vía pública. Se registró una reducción en la proporción de delitos violentos de 29,5% en 2015 a 23,9% en 2016 y se incrementó la proporción de delitos que los encuestados reportan como “no violentos”, explica el medio Publimetro.
COSTA RICA
Costa Rica fue el tercer país en abolir la pena de muerte en 1877, indicó el canciller Manuel González en el 2015 durante la reunión Ministerial de Alto Nivel llamada “Medidas para alejarse de la Pena de Muerte”, según un comunicado de la Presidencia de la República de Costa Rica, emitido ese año.
El país centroamericano se opone a la aplicación de la pena de muerte debido a que la considera como “un castigo inhumano y cruel que degrada al individuo y a su familia”. También, indica que con su abolición se contribuirá a una mejor protección de la dignidad humana y del derecho a la vida.
“Costa Rica tiene sus índices de homicidios más altos de la historia”, según indicó Michel Soto, director interino del OIJ, quien prevé que este año (2017), el país tendrá la cifra de homicidios más alta debido a que hasta el 30 de julio se registraba 278 asesinatos, ocho más que la misma fecha del año pasado.
MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA FRENAR LA VIOLENCIA
Analistas consideran que existen otras modalidades, diferentes a la pena de muerte, que ayudarían a disminuir la violencia. Un sistema policial fuerte, un sistema penitenciario que esté orientado a la reinserción social y reducir los porcentajes de impunidad son algunos de los ejemplos que podrían incidir en la cultura de violencia que se vive día a día.
De acuerdo a Samayoa, en otros países un sistema policial fuerte, ha prevenido y disuadido la criminalidad, “un sistema que respeta a su policía civil y que no tiene modelos militares incorporados. Que entiende que las amenazas de criminalidad ciudadana se responden desde un abordaje netamente civil, con unidades civiles especializadas en abordaje del crimen y acercamiento con la comunidad. Con esto se hace prevención y disuasión”, indica.
Asimismo, el analista del CEG asegura que otro factor determinante para reducir la criminalidad es el fortalecimiento al Sistema Penitenciario, el cual debe estar orientado “a cumplir con un fin de reinserción y un fin de reincorporar a personas –a la sociedad- bajo otras condiciones”.
EL MARGEN DE ERROR ES ALTO
Cuando se habla de la pena de muerte, lo importante no es manifestarse a favor o en contra, sino analizar el fenómeno de forma integral, señala Byron Barrera, exdirector del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Barrera señala que a veces las personas tienden a fijar una postura a favor o en contra de la pena de muerte dependiendo de si esta es disuasiva o no, sin embargo, explica que el fin de esta medida no es prevenir o disuadir la violencia, sino aplicar un castigo contra alguien que cometió un delito grave. “La pena de muerte no tiene por qué ser disuasiva, es decir, no se puede justificar la pena de muerte o no por el hecho de que sea o no disuasiva. La pena de muerte realmente es un castigo”.
En ese sentido, menciona que uno de los riesgos en aplicar la pena de muerte radica en los márgenes de error que afectan a todo tipo de sistemas penales, lo cual puede provocar que, eventualmente, una persona inocente sea obligada a pagar con su vida un delito que no cometió.
“Ningún país garantiza un debido proceso. En Estados Unidos, la Universidad de Columbia, su Escuela de derecho, se especializa en investigar casos de personas que han sido ejecutadas luego de ser sentenciadas en muerte. Y ahí los equipos de investigación siempre descubren casos en los cuales la persona que fue ejecutada era inocente. Entonces, esto quiere decir que aun garantizándoles a las personas un debido proceso se puede cometer errores. Ya sea por presión mediática, económica, ya sea por influencias familiares”, argumenta el entrevistado.
VACÍO LEGAL EN GUATEMALA
El magistrado Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, presidente de la Sala Segunda de Apelaciones del ramo Penal, fue el último funcionario judicial que ejecutó la pena de muerte en el país.
Dubón Gálvez, fue quien cumplió la sentencia de muerte contra Luis Amílcar Cetino Pérez y Tomás Cerrate Hernández, declarados responsables del secuestro de Isabel Bonifasi de Botrán, el 16 de noviembre de 1996, según un reportaje del matutino Prensa Libre.
Luego de la última aplicación de la pena de muerte, en 2001 el entonces presidente Alfonso Portillo decidió eliminar la facultad al Ejecutivo de decidir sobre el recurso de gracia o indulto, por lo que nadie tenía la potestad legal de firmar las ejecuciones.
En el 2008, hubo un intento por resolver el impedimento legal, cuando el Congreso aprobó que restituía la aplicación de la pena capital y reactivaba el indulto presidencial. Sin embargo, el presidente Álvaro Colom vetó la ley argumentando que era inconstitucional, por lo que el limbo jurídico continúa hasta hoy.
Un sentido de venganza, un castigo, una propuesta que gana aplausos y votos, la pena de muerte es un punto de discusión que se reactiva en el país cada cierto tiempo, impulsada por diferentes hechos coyunturales y momentos que sectores o figuras tratan de aprovechar, pero la pregunta se mantiene, ¿la violencia es la solución a la violencia?
*Este reportaje fue elaborado en conjunto por los periodistas: Douglas Cuevas, José Pablo del Águila, Joseline Ayala y Andrea Jumique.
