Dr. Luis Fernando Cordón Morales
@lfercordon – buzonasprodecogt@gmail.com
La Línea, término acuñado desde hace décadas en el ambiente aduanal en Guatemala para referirse al soborno pedido por el personal del servicio aduanero (aduana) durante la tramitación de los distintos regímenes de destinación de bienes extranjeros, nacionalizados o nacionales. Pero ¿Por qué del nombre? La petición supone que no es solo por decisión propia del requirente sino que por exigencia de su superior inmediato, quien a su vez, lo debe reportar al suyo y así sucesivamente (hasta donde llegue la reclamación). El caso penal denominado con el referido nombre y por el que enfrentarán juicio funcionarios del anterior gobierno, presume en ellos la dirección, supervisión y control para la defraudación aduanera, mediante la conformación de un grupo de personas de confianza que sirvieran de enlace, otros de influencia a lo externo de la institución y los operativos a lo interno de la misma.
¿Qué necesitó la supuesta estructura? Primero, la designación de personas ajenas a la Administración Tributaria y del propio Gobierno (para variar, no expertos en la materia), quienes debían inmiscuirse en temas propios de la institución, pero no relacionados con los objetivos legítimos de la misma. Segundo, elementos externos (con experiencia solo en la trama) que sirvieran de enlace entre los designados de confianza y los operadores internos. Tercero, las autoridades nombradas que debían adherirse a lo diseñado (la razón principal de la decisión de su designación) y hacer las readecuaciones necesarias en la forma, modo y tiempo exigidos por los elementos exteriores.
¿Cuáles serían las intenciones de la conformación? El soborno a los usuarios del servicio aduanero (en el caso en concreto, a importadores), aceptar dádivas como producto del cohecho y la repartición de lo recolectado, atendiendo a su posición en la agrupación.
¿Dónde suponen la realización de las operaciones? Precisamente en las rampas de revisión de mercancías en las aduanas más importantes del sistema aduanero, siendo Puerto Quetzal (puerto del Pacífico), Santo Tomás de Castilla (puerto del Atlántico) y Aduana Central (Almacenadoras), donde se darían los nombramientos de personal y funcionarios clave solicitados por los externos.
¿Quién ha sido el aventajado hasta el momento? El que fuera aceptado como colaborador eficaz, quien con delatar y devolver lo supuestamente obtenido por pertenecer al grupo y durante el período que duró la investigación (únicamente de mayo 2014 a abril 2015), ya goza de libertad.
Es una realidad que el mecanismo referido no fue inventado por los hoy involucrados ni ha terminado con su sometimiento a un proceso judicial, puede que el producto del mismo no les esté llegando directamente, se haya desviado a otros actores, quede a mitad de camino o a inicio del mismo. Preocupa que el servicio de los puertos (y en la generalidad de las aduanas del país) no sea eficiente, porque no solo es uno de los factores que inciden en la disminución de las inversiones por erosión de la competitividad, sino que aumenta el costo de transporte y, principalmente, porque es propenso al mantenimiento y conformación de más estructuras similares a la referida.
