Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En la pasada campaña electoral hubo un par de candidatos que entendieron la situación real del país e hicieron propuestas para enfrentar las consecuencias del descalabro provocado por la comprobación de que se había construido un sistema cimentado en la corrupción. Luego de lo que ocurrió con Pérez Molina y Baldetti, la gente pudo conocer de primera mano cómo es que el país funciona y cuán importante resulta el peso de la corruptela en la toma de decisiones, pero también se hizo evidente que el problema no era de uno de los poderes del Estado sino de todos y que el vicio venía de mucho tiempo atrás, perfeccionándose en cada período constitucional.
Aníbal García con su movimiento modesto y falto de recursos señaló concretamente lo que ocurría, pero fue Lizardo Sosa, con quien no tengo ninguna amistad, quien puso el dedo en la llaga y, además, formuló un plan que era una propuesta adecuada para enderezar el camino del país. Él estuvo hablando de que el suyo sería un gobierno de transición en el que se convocaría a una especie de nuevo pacto social para reformar la estructura política del país, reformando profundamente la Ley Electoral y de Partidos Políticos para corregir los vicios del financiamiento electoral que son en buena medida la raíz del problema.
Yo no creo en las casualidades y entiendo que la propuesta de Lizardo Sosa fue convenientemente invisibilizada porque él estaba señalando a la vieja política como la causa de los males y ofrecía soluciones. Los poderes fácticos, los que saben cómo se mueve la melcocha, apostaron por la “novedosa” figura de Jimmy Morales porque les convenía un cambio para que nada cambiara y eso no se podría esperar con la propuesta de Sosa. Engatusar a alguien sin ninguna experiencia y cooptarlo era más fácil que negociar con un viejo zorro que había estado en posiciones de poder pero que, precisamente por ello, sabía dónde aprieta el zapato y qué es lo que se debe cambiar. Y así se desarrolló un discurso insulso contra la vieja política, basado en la engañosa plataforma de que ni corrupto ni ladrón, en un planteamiento sencillo impulsado por los verdaderos poderes que dirigen los hilos del país.
Mientras en Guatemala no entendamos que hay que elegir a un gobierno que se comprometa a ser de transición, que se legitime generando un mandato de verdadero cambio, de auténtico compromiso para enderezar lo que está torcido, no podremos alentar muchas esperanzas porque la institucionalidad se sabe reciclar para apuntalarse. ¿Quién hubiera dicho en 2015, antes de las elecciones, que en dos años estaríamos viendo la consolidación del sistema de corrupción e impunidad? En ese momento la gente apostaba por algo nuevo, lo que significa algo distinto, pero terminamos con lo mismo y, además, legitimados por una votación poco o nada reflexiva sobre las capacidades de los aspirantes.
Creo que pensar en lo que nos decía hace dos años Lizardo Sosa es importante porque urge un gobierno de transición legitimado por un mandato para acabar con los pactos de corruptos.
