POR MARIELA CASTAÑÓN
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El Estado le sigue fallando a la niñez; Congreso sin aprobar ley a favor de los menores de edad
La muerte de 41 niñas en un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, administrado por la Secretaría de Bienestar Social (SBS), evidenció todas las fallas en el sistema de protección de niñez y adolescencia y la irresponsabilidad de diferentes actores estatales.
A pesar de lo ocurrido, el Estado le sigue fallando a los niños, niñas y adolescentes (NNA), porque la iniciativa 5285, Ley del Sistema Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, al día de hoy continúa en primera lectura en el Congreso de la República, lo que reafirma que este ente legisla a favor de oscuros intereses y no al de la población, pues hace algunas semanas, aprobó de urgencia nacional las reformas al Código Penal, pero no lo ha hecho a favor de los niños.
La estrangulación de una niña con una bufanda por parte de sus compañeras, la evasión de 233 NNA, las violaciones físicas, psicológicas y sexuales antecedieron la muerte de 41 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
El papel de la SBS, de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y del Consejo Nacional de Adopciones (CNA) fue cuestionado, debido a que la primera tenía la administración del Hogar, la segunda era representante de los niños ante el Estado y la tercera no tenía claridad si debía verificar o no un hogar público o estatal. Finalmente las niñas murieron, sin una respuesta oportuna por parte de las entidades que debían responsabilizarse de ellas.
De acuerdo con Justo Solórzano, especialista de protección del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), un buen porcentaje de niñas y niños no debían estar en el Hogar Seguro, los casos podían resolverse por la vía administrativa del Organismo Ejecutivo y no por medio de la judicialización.
“Un ejemplo concreto lo constituye la tragedia del Hogar Seguro, cuando nosotros revisamos los perfiles de las niñas que fallecieron, así como de los más de 550 niños que estaban en el Hogar y que gracias a Dios no fallecieron, descubrimos que un buen porcentaje no tenía por qué estar en el Hogar Seguro, tenían como causa de internamiento un problema familiar, no había necesidad de relacionamiento entre un padre o un hijo, una hija y su mamá. No había que judicializarlo, este problema se pudo haber resuelto en otra instancia administrativa, probablemente con una orientación psicológica a la mamá, a la niña, con un seguimiento terapéutico, con un grupo de apoyo”, detalla Solórzano.
El entrevistado agrega: “En otros casos era un problema de educación, de pobreza, que para eso está el Ministerio de Desarrollo Social. Había niñas abusadas sexualmente, cuando el Ministerio de Salud tuvo que haber dado algún tipo de terapia psicológica a la niña y apoyo a la familia, junto con el Ministerio de Desarrollo Social. Teníamos casos de niñas embarazadas que no continuaron estudiando, claro, aquí el Ministerio de Educación, tuvo que generar un programa alternativo de educación”, argumenta el especialista de Unicef.
INICIATIVA 5285
La iniciativa 5285 está constituida por más de 200 artículos, en ella se emiten propuestas para prevenir la violencia contra la niñez, la orientación a los padres, el fortalecimiento a la familia, la institucionalización como último recurso, el tratamiento a la juventud en conflicto con la ley penal, entre otros.
El proyecto fue impulsado por organizaciones de la sociedad y socializado con expertos nacionales e internacionales y el Congreso de la República.
Las organizaciones involucradas en el tema son: Save the Children, World Vision, El Refugio de la Niñez, Plan Internacional, Red Niña Niño, La Alianza, la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), la Fundación Sobrevivientes y el Centro de Estudios de Guatemala (CEG).
La propuesta busca crear un esquema de Autoridad Nacional, representada por el Presidente de la República, ministros de Educación, Salud, Finanzas, Desarrollo Social, Cultura y Deportes, Trabajo, CNA y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
También un Consejo de Protección Integral, constituido por los viceministros de Educación, Salud, Finanzas, Desarrollo Social, Cultura y Deportes, Trabajo y Segeplan.
Además, un Instituto de Protección Especial integrado por subdirecciones administrativas, de protección, adolescentes en conflicto con la ley penal, delegaciones departamentales y coordinación del CNA, explicaron recientemente representantes de algunas de las organizaciones de la sociedad civil mencionadas.
La SBS, la Procuraduría de Niñez y Adolescencia de la PGN serán absorbidas por el nuevo esquema y el CNA apoyaría en el Instituto de Protección, dejaría de verificar los hogares, dice el especialista de Unicef.
La implementación de la ley, de ser aprobada, llevaría un promedio de 5 a 10 años, para implementarse de manera integral. Al menos Q500 millones anuales se usarían para su funcionamiento, el cual se obtendría de los presupuestos anuales de PGN y SBS que dejarían de administrar recursos económicos.
EL PAPEL DE LAS MUNICIPALIDADES
Las municipalidades también tendrán responsabilidad e intervención en la iniciativa 5285, según las organizaciones de la sociedad civil y Unicef.
De acuerdo con el especialista de Unicef, actualmente hay 140 gobiernos municipales que tienen pocos recursos, pero han priorizado una oficina de protección de niñez.
Según Gerson López, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), en total existen 340 municipalidades.
En tanto, Edwin Escobar, presidente de la Anam y alcalde de Villa Nueva, señala que están de acuerdo en abordar el tema de niñez, “siempre y cuando tengan los recursos para atender las necesidades”.
El presidente de la Anam indica que hay municipalidades, como la que él dirige, que ha implementado con recursos propios programas de prevención con la niñez y juventud, pero requerirían de más fondos, porque a otras comunas apenas les alcanza para atender temas como agua, drenajes, alumbrado público, pavimento y otros temas, por lo que también representaría un desafío.
Por su parte, Solórzano detalla que la inversión de una oficina de protección de niñez y adolescencia no es muy alta, su costo oscilaría entre Q25 mil a Q30 mil al año. Agrega que existe voluntad de varios alcaldes para implementar estas unidades.
“Hemos hablado con alcaldes que no tienen oficina, ellos están pidiendo asistencia técnica para implementarla. Hemos encontrado eco de que hay una necesidad muy fuerte, en que la corporación municipal, se dedique, entre otros temas a velar por los derechos de las niñas y los niños. Cuando se instala una oficina de protección, lo primero que se hace es un diagnóstico y muchos gobiernos locales se quedan asustados de conocer cuántas niñas son abusadas sexualmente, cuántos jóvenes están deteniendo en su municipio, cuántos son reclutados por las maras y pandillas, de conocer cuántas niñas son reclutadas para trata”, argumenta.
El representante de Unicef, admite que estas oficinas podrían representar un desafío por tanto se debe hacer una reforma fiscal, aumentar el Presupuesto nacional y los mecanismos de control para que los recursos se manejen de forma transparente, sin corrupción, para que lleguen a las niñas y los niños.
CONGRESO SIN APROBAR NORMATIVA
La Hora intentó obtener una respuesta del presidente de la junta directiva del Congreso, Óscar Chinchilla, para saber si podrían aprobar la iniciativa 5285 de urgencia nacional, como lo han hecho con otras leyes que no buscan el beneficio de la sociedad, pero no contestó las llamadas realizadas a su teléfono celular.
Por otro lado, se buscó a Walter Félix, presidente de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso, quien detalló que el pasado 28 de septiembre estaba programado conocer en segundo debate la iniciativa de ley, pero finalmente no “tuvieron quórum”.
Félix dice que el proyecto debe aprobarse, porque no deben desatender el tema; admitió que este año fue “trágico” para la niñez, sin embargo, explica que no hay voluntad de parte de las otras bancadas; están presionando para que la disposición sea aprobada.
ESPERAN APROBACIÓN EN OCTUBRE
De acuerdo con Justo Solórzano, esperan que la normativa sea aprobada este mes, señala que debe existir madurez política y compromiso por parte de los legisladores.
En tanto, Leonel Dubón, director de El Refugio de la Niñez, indicó recientemente que no importa que diputados se encuentren en el Congreso –al consultarle por los 107 congresistas que tienen una solicitud de antejuicio– la disposición debe ser ratificada, porque así lo demanda la niñez.
“En esta coyuntura creemos que es urgente que el Congreso apruebe esta iniciativa, no podemos postergar la situación de la niñez. Se habla de muchas iniciativas pendientes para transformar la realidad del país que es sumamente compleja, pero la niñez no puede quedar en la cola, junto con otras iniciativas como mejorar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, las reformas a la justicia, la iniciativa de niñez debe ir a la par”, detalla.
Marilis Barrientos, directora de Advocacy de World Vision, refiere que reformar el sistema de protección a la niñez debe ser prioritario, por la inestabilidad en las instancias que tienen a su cargo la niñez, como la SBS que ha tenido cambios de funcionarios constantemente, además, los programas de protección están en mala situación, los programas para los jóvenes en conflicto con la ley penal no cumplen con su finalidad para la rehabilitación social.
Por su parte, Otto Rivera, de Ciprodeni, argumenta que esta iniciativa debe ser aprobada urgentemente, porque la niñez y la adolescencia así lo ameritan. Se ha demostrado que otras normativas se aprueban de urgencia nacional y únicamente han servido para que los diputados se blinden ellos mismos.
Diferencias entre la normativa del presente y el pasado
De acuerdo con Unicef, en el año 2003, cuando se aprobó la Ley de Protección de Niñez y Adolescencia (Ley Pina), no se definió institucionalidad para enfrentar las políticas sociales, en cambio la iniciativa 5285 sí crea institucionalidad.
Actualmente se establecen estándares, responsabilidades, tiempos, además se crea un sistema de protección y hay un ente rector que será el Consejo de Protección Integral. Antes existía una Comisión Nacional que no tenía claras sus funciones ni sus responsabilidades.
Otra diferencia es que se crea un ente administrativo como es el Instituto de Protección Infantil, con procedimientos administrativos, antes de ir al sistema judicial. Los pocos casos que llegarán al sistema de justicia, cuando se apruebe la ley, serán los que realmente necesiten de intervención judicial, no se van a judicializar los problemas sociales.
Según Unicef, en el proyecto de ley se crea institucionalidad, el cual dará respuesta a los derechos de los niños. En 2003 solo se reconocieron los derechos de la infancia.
