Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Uno de los grandes argumentos para intentar desvirtuar el hartazgo de la gran mayoría de guatemaltecos, es decir que vivimos en una democracia y que los representantes del pueblo y la unidad nacional (esos supuestamente son los 107 diputados y Jimmy Morales), fueron electos de manera “democrática” en un proceso contemplado en ley.
Todos sabemos que ese modelo y esa democracia ha permitido, permite y permitirá la cooptación del Estado y que bajo esas reglas se han venido eligiendo a las autoridades democráticas desde 1985, y aunque no “está bien”, es lo que tenemos y ¿qué le podemos hacer?, pues mientras las reglas no cambien tendremos más de lo mismo.
Gracias a las alianzas de Morales con ganaderos, Joviel Acevedo, buena parte del empresariado organizado, alcaldes (con Arzú y Escobar a la cabeza), el Nuncio, su Ministro de Finanzas (que pagará el pacto de corrupción con nuestros impuestos), el sistema apuntalado suma aliados y estos han planteado “el diálogo” como la gran salida para no arriesgar el modelo de cooptación y buscan repetir la dosis de una instancia que se instaló para lo de Serrano; ese es el objetivo porque usted ya sabe que en aquel entonces no cambió en nada la podredumbre.
Yo decía el sábado que sí hay que dialogar, pero que eso no puede ser sinónimo de borrón y cuenta nueva para los mafiosos y que el diálogo en estas condiciones es como pedirle a una mujer abusada que “dialogue” con su agresor porque será muy traumático para sus hijos lidiar con un “divorcio”, cuando lo que los trauma es ver a su madre golpeada e indefensa ante los abusos, además que se les enseña que algunos así ponen “en cintura a las mujeres”.
Mis temores al “diálogo” son varios, pero en concreto dos: 1. Que sea una excusa para dejar las cosas como están porque quienes lo promueven pretenden que sean estas autoridades las que implementen cualquier resulta del diálogo y 2. ¿Cómo elegir quién modera y quién participa?
Solo para dejarlo en claro, yo no simpatizo con Codeca, por ejemplo, porque creo que uno no puede combatir el histórico abandono de la gente violando la ley y creo que deben responder ante la justicia. Siendo claros, tampoco creo que aquellos que pretenden seguir cooptando nuestra democracia financiando campañas tienen mejores derechos, aunque lo hagan de maneras “más elegantes”; el efecto para el país es nocivo y también considero que deben responder ante la justicia.
Entonces, volviendo al punto de la democracia y de la ley y sobre todo para que luego Arzú y su hijo no digan que ellos son electos y se pregunten quién eligió a los que protestan, lo mejor sería medir la opinión de la gente en una herramienta que la misma ley nos contempla: la consulta popular.
El artículo 173 de la Constitución establece: “Procedimiento consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos.
La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos”. Las negrillas son mías y luego explicaré porqué.
El resultado de esa consulta no es vinculante, es decir, lo que se decida no se tiene que ejecutar por fuerza legal; ahora bien, como han estado diciendo que el pueblo eligió a sus autoridades por cuatro años, ¿por qué no le preguntamos al mismo pueblo qué desea hacer a luz de los últimos acontecimientos?
Y puse en negrillas que solo el Presidente o los diputados le pueden pedir al TSE que fije las preguntas, porque ellos deberían ser los más interesados en saber qué opina la gente, ya que creen que los que protestan son delincuentes o terroristas. Entonces, usemos la ley para saber qué se piensa.
Por el tema del gasto, que siempre sale, no se preocupen porque viene la consulta popular por el diferendo territorial con Belice y solo sería de agregar dos preguntas, por ejemplo: a) ¿Desea usted que renuncien los 107 diputados que votaron por legalizar la corrupción en el país? y b) ¿Desea usted que se elimine el monopolio de los partidos políticos para nombrar candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso de la República?
Independiente de los resultados de la votación, tendremos un claro mandato que aunque no sea vinculante, será la voz del pueblo y como ese es el argumento que usan los diputados y Morales para aferrarse al cargo, ¿qué nos podrán decir si la gente se expresa?
Los 107 nuevos que entren, fueron electos bajo las mismas reglas de cooptación, es cierto, pero tendrán la voz de un pueblo expresado en las urnas como mandato. ¿Qué mejor que eso?
Esta sería una forma (basada en ley) de poner a prueba el modelo de cooptación y por primera vez, el voto de la gente se convertiría en un mandato claro. Sería la primera vez que el voto verdaderamente cuente y aplicaría el “no dejen que le quiten su voz”.
El día sábado recién pasado este medio fijó postura de la legitimidad de las elecciones pasadas y de la legitimidad de la presidencia de Morales, pero sería bueno que dejemos que la gente se exprese en las urnas, el lugar donde la democracia se puede consolidar, como tanto nos dicen ahora.
De usted depende.
