Oscar Clemente Marroquín
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Hay indicadores de que en Guatemala las compras del Estado generalmente se hacen a precios muy superiores a los de mercado y la contratación de obra pública resulta mucho más cara, de acuerdo a los indicadores internacionales, de lo que en otros lados cuestan las carreteras, puentes y edificaciones, todo lo cual es consecuencia de la rampante corrupción que venimos padeciendo desde hace muchos años de colusión entre los políticos de turno y los contratistas y proveedores de siempre que compran los favores, entre los que está no sólo la asignación de los contratos, sino ese precio sobrevalorado y la nula supervisión para garantizar mínimos de calidad.
Si un constructor tiene que pagar mordida para que le den la obra y luego tiene que volver a pagar soborno para que le paguen el precio de los trabajos, obviamente el monto de la coima duplicada no sale del sacrificio de sus utilidades. Y como se sabe exactamente la forma en que opera el sistema, cualquier oferta que se hace para trabajarle al Estado ya tiene contemplado el costo de la corrupción, lo que se traduce en esos precios tan inflados que lloran sangre en un país con tantas necesidades y carencias como el nuestro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las medicinas que las entidades públicas compran a precios de escándalo mediante viciados procedimientos que han sido debidamente pactados con los empresarios del sector.
No es casualidad, por ejemplo, que quien como viceministro tuvo a su cargo el manejo operativo de todos los negocios desde el gobierno de Berger se haya convertido en alguien indispensable para sucesivas administraciones, incluyendo la de Alejandro Sinibaldi. Porque la verdad es que el modelo viene de atrás y se ha ido perfeccionando con el correr del tiempo, pero eso implica también que el monto de la corrupción es cada vez mayor. Antes, cuando se daban las mordidas en efectivo, ese tráfico de dinero no tenía implicaciones fiscales, pero desde que para lavar el pisto se usaron las empresas de cartón, se incluye dentro del paquete del soborno el valor de la tributación que generan esas facturas emitidas para dar apariencia de legalidad.
Cuando vemos el monto de lo que se pagó en el Micivi a cambio de sobornos entregados a las empresas de cartón nos damos cuenta que ese volumen implica que prácticamente todo contrato estaba metido en el negocio y el modelo se repite en una y otra dependencia del Estado porque se convirtió en práctica normal, aceptada por casi todas las empresas que entendieron que de no aceptar esas reglas de juego no tendrían opción de negocio alguno.
Y nadie puede creer que esa práctica desapareció simplemente porque, como dijo ayer el Director de Aeronáutica, “Guatemala ya cambió y esta es la nueva generación”. Mamolas hubieran dicho nuestros ancestros, porque no hay tales. Mientras las reglas sigan siendo las mismas el trinquete estará siempre cantado y honestamente no hay razón válida para decir que nuestro país ya cambió. Que hay una nueva generación, sí, pero la historia demuestra que cada una viene peor que la otra.
