Gladys Monterroso
licgla@yahoo.es
«El juicio nos es impuesto por la experiencia»
Samuel Johnson
Hoy que ha aumentado el número de abogados activos, y desafortunadamente no todos están preparados éticamente para el ejercicio de tan noble profesión, adicional se ha estimado, generalmente, que ser abogado es sinónimo de ganar dinero y que la mayoría no tenemos escrúpulos, desafortunadamente todo lo anterior con cierto fundamento, se hace más necesario que nunca analizar que no existen derechos ilimitados y que toda regla tiene excepción, el derecho al amparo también lo tiene.
Desafortunadamente, sin importar los años de ejercicio profesional, la mayoría de los abogados, más aún en el campo penal, recurren al amparo por motivos frívolos, solamente para dilatar los procesos, cobrarle más al cliente, o desesperar a la parte contraria para llegar a una negociación por impaciencia, ya que debido a las apelaciones, sumado a los amparos y apelaciones de amparos, todos frívolos que día a día aumentan más, la mora judicial ha amentado considerablemente tanto en los tribunales comunes, como en la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia.
Según las estadísticas a las que se tuvo acceso, y de acuerdo a la memoria de labores de la CSJ, del total de amparos presentados, en el año 2016, el 70% fueron denegados, pero para llegar a la notificación de esta denegatoria, el tiempo no se cumple como lo establece la Ley de Amparo y Constitucionalidad, no por falta de interés, es por la excesiva utilización del Amparo ya no como una garantía constitucional, sino que cualquier otra causa, menos por los motivos por el que el mismo fue creado, sino como una forma antiética de retrasar las resoluciones que la mayoría de los abogados saben que serán contrarias a los intereses de su cliente, creando con esa utilización superflua de una protección universalmente reconocida, una mora judicial que va más allá de lo que el sistema puede permitir.
Veamos: ¿Porque no se cree en el Estado de derecho? Porque percibimos que todo es muy lento, cuando en la legislación, un proceso debería durar seis meses, en la práctica dura 5, 10, 20 o cualquier cantidad de años, debido a la mala práctica procesal, que hace colapsar el sistema mismo, existe una sobre utilización de lo garantista que es nuestra Constitución, abusando de la misma, por la falta de principios de los malos abogados, que sin importar el daño que causan con el congestionamiento de la tramitación de los expedientes, plantean Amparos por todo, algunos de lo más dolorosamente caricaturescos, con el objetivo de retrasar una sentencia, o cobrar más dinero a su cliente.
Desafortunadamente, si de algo se adolece actualmente la sociedad guatemalteca es precisamente de ética, valores y principios, en los actuales tiempos, esa falencia se ha convertido en la regla no la excepción, como en teoría debería ser, y culpables somos muchos, pero en el tema expuesto relacionado a la garantía constitucional del Amparo es lamentable que quienes debiéramos ser adalides del buen hacer en los tribunales lo hemos convertido en una súper tela de araña que se vuelve contra nosotros mismos.
Es por lo tanto, necesario autorrevisar, tanto nosotros los abogados independientes, como los bufetes profesionales, y los representantes de las instituciones públicas, nuestras propias actuaciones, ya que si el sistema de justicia no funciona, en buena parte la responsabilidad es de los propios abogados.
El sistema se encuentra compuesto, por los órganos estatales, los profesionales y no profesionales que le dan vida a la maquinaria misma, y quienes desde fuera le damos los insumos para su funcionamiento, sin embargo estamos fallando, y si el Estado se encuentra colapsado, buena parte de la responsabilidad es de quienes muchas veces criticamos lo que provocamos.
Cuando un sistema no funciona, todos somos parte del problema, como diría Arjona «el problema no es que no funciones, el problema es que no te dejo».
