Por Denis Aguilar
daguilar@lahora.com.gt
Según el Fiscal Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), Stuardo Campo, hay entre 50 y 60 denuncias contra instituciones del aparato estatal debido a que retienen y que no transparentan información pública, la mayoría de estas son en contra de las corporaciones municipales.
“Hemos ubicado al momento aproximadamente 60 denuncias relacionadas con el tema, a nivel nacional, algunas están bajo investigación, algunas están en procesos de investigación un poco más avanzados, y esperamos estar presentando resultados prontamente”, dijo Campo.
El Fiscal dijo que el delito más común relacionado a la Ley de Acceso a la Información Pública es la retención de información, que ocurre cuando el funcionario deniega, sin ninguna explicación, ese tipo de solicitudes.
Campo explicó que la mayoría de estos casos provienen de los departamentos, en mayor cantidad en las municipalidades, donde existe una negación arbitraria para no dar información que es de carácter público, lo que origina denuncias de la ciudadanía y también de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
El entrevistado aseguró que esperan que en los próximos días pueda darse alguna sentencia condenatoria en los resultados que han podido presentar respecto a investigaciones que se encuentran ya en una etapa avanzada.
PDH RECIBIÓ 400 DENUNCIAS
Violeta Mazariegos, secretaria de la Comisión de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que están preocupados debido al difícil acceso a la información pública, y aseguró que en 2016 se recibieron al menos 400 denuncias por estos delitos, la mayoría contra municipalidades.
“Es muy preocupante porque en el interior del país eso causa conflictividad social porque hay poca transparencia en el manejo de temas como salarios, viáticos, dietas de los concejales, el estado de las obras municipales”, aseguró la entrevistada.
En lo que va de 2017 se han dado al menos cien denuncias, informó Mazariegos, aunque explicó que no en todos los casos se recurre ante el MP para que investigue.
Mazariegos explicó que pese a que se han dado capacitaciones a varias comunas del país en el tema de la información pública, estás siguen trasgrediendo la ley, por lo que se han visto obligados a trasladar denuncias ante la Fiscalía.
“El no dar información, el no cumplir con las obligaciones, es un delito y la misma ley establece una pena de uno a tres años por delito de retención de información”, dijo Mazariegos, quien agregó que la Fiscal General, Thelma Aldana, ofreció crear una unidad específica para investigar los delitos relacionados al bloque de la información pública.
Rottman Pérez, secretario de política criminal del MP, dijo que todos los datos de la administración pública deben darse a conocer y que los funcionarios y funcionarias que no cumplan con la ley de Acceso a la Información deben afrontar las consecuencias.
