POR REDACCIÓN LA HORA
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Leonel Dubón, director Ejecutivo de El Refugio de la Niñez, indicó que la captura de funcionarios de distintas entidades por su presunta responsabilidad en la muerte de 41 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el pasado 8 de marzo, demuestra que el sistema de protección a la niñez en el país debe ser transformado.
Dubón lamentó la detención del procurador de la Niñez y Adolescencia, Harold Flores y de Gloria Patricia Castro Gutiérrez, defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, reconociendo que denunciaron con anterioridad los abusos de los cuales se sospechaban que sucedían en ese establecimiento.
Sin embargo, indicó que apoyan las investigaciones del Ministerio Público (MP) en este caso.
“Hay un sabor amargo, porque son dos funcionarios que históricamente han trabajado por la niñez y adolescencia… vale la pena recordar y mencionar que desde 2015 acompañó -Gloria Castro- una serie de denuncias de lo que pasaba en el Hogar Seguro, entonces vemos una contradicción en el sistema, tuvo que pasar una tragedia para que se tomaran en cuenta las denuncias”, indicó.
Dubón mencionó que hay más implicados en lo sucedido en el Hogar Seguro y que, además, no se han registrado aprehensiones por otros casos denunciados.
DEBEN HABER CAMBIOS
En ese sentido, considera que la contradicción evidenciada en las capturas de funcionarios que en algún momento alertaron lo que sucedía en el Hogar Seguro, demuestra el colapso del sistema para la protección de la niñez y adolescencia del país.
“Es un sistema que no funciona, en la zona 15 –nuevas instalaciones de abrigo temporal- se siguen repitiendo los mismos hechos por la incapacidad institucional de poder responder a la niñez. Las acciones del MP ponen en evidencia la responsabilidad del Estado”, comentó.
En las últimas semanas se han registrado intentos de evasiones en las instalaciones del nuevo centro de abrigo temporal, ubicado en la zona 15.
DEBE PROFUNDIZARSE
Por su parte, Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), entidad querellante adhesiva del proceso por la muerte de las 41 menores de edad, explicó que las investigaciones deben involucrar a más personas y también deducirse responsabilidades de las autoridades de administraciones pasadas.
“Debe sancionarse a quienes están directa e indirectamente involucrados en la tragedia. Pero también debe irse más atrás, hasta el gobierno de Álvaro Colom, es ahí donde comienza la descomposición de ese Hogar Seguro porque ha sido usado como especie de botín político para saquear”, puntualizó.
