Carlos Soto Pineda
En el ámbito de las ciencias sociales se conceptualiza como “todos aquellos individuos que poseen la condición de ciudadanos -entendiéndose que están en goce pleno de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país- de una sociedad determinada, que actúan de manera colectiva, con el objetivo de tomar decisiones en lo concerniente al ámbito público, por fuera de cualquier tipo de estructura gubernamental”.
Jurídicamente se define así a “un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con el fin de crear una persona moral que no tiene un carácter meramente comercial, pero sí busca un beneficio lucrativo, así como repartir entre sí, sus ganancias”.
Siempre que leo y oigo declaraciones de algunos “portavoces” de la llamada sociedad civil, al ver su arrogancia, me pregunto ¿quién los eligió?, ¿qué personería -capacidad y representación- tienen para actuar?, ¿con qué respaldo moral, ético o de vida se presentan?, y conociendo a algunos mejor me río para no llorar.
Una sociedad civil debe estar integrada por personas honorables, íntegras, cuyos únicos intereses sean el respeto de todos los derechos y la búsqueda del cese de las arbitrariedades y abusos en el país, y en conjunto con TODA la ciudadanía sin privilegios ni preferencias logre una fiscalización imparcial del Estado; no como en la actualidad que solo buscan protagonismo para ser sujetos de atención, financiación internacional, subvención o proteccionismo estatal o notoriedad pública con fines “electoreros”.
Quien busque debilitar las instituciones, mutilar al Estado, desmantelarlo, solo le está siguiendo el juego, a los “adalides” del neoliberalismo y de la ola saqueadora privatizadora de los bienes públicos, y en esta era no se puede alegar “candidez política”.
El Estado debe subsistir como institución regulada, estructurada, organizada, fiscalizada, garante del bienestar ciudadano, y no como una “agencia de empleo” o sucursal de asesorías para “colaboradores” de campañas políticas o en “pago” a las “extorsiones” disfrazadas de fiscalización de la autodenominada “sociedad civil”.
La dominación de clase no descansa solamente en los procedimientos coercitivos sino, de manera fundamental, en la dirección cultural y política de la sociedad, -se debe representar y dirigir con el ejemplo- no se puede llamar Sociedad Civil a un grupo de arribistas, incultos, que no son más que AGIOTISTAS, que parasitan de los aportes de la cooperación internacional o que se “nutren” de los recursos del Estado, Estado mismo que buscan “destruir” para su repartición.
Releamos a Gramsci para entender que el Estado no debe ser vislumbrado “miopemente” como solo el gobierno, sino como un conjunto íntegramente compuesto por la ‘sociedad política’, que se desenvuelve en al ámbito de la institucionalidad política y el régimen CONSTITUCIONAL, y la ‘sociedad civil’.
La autodenominada “Sociedad Civil” guatemalteca… ¿un concepto social, jurídico, plataforma política electorera o solo un club mercantilista?
