Ayer publicamos la denuncia de la doctora Escobar ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en la que la profesional del derecho presentó declaración sobre la injerencia y presiones que el diputado oficialista Gudy Rivera habría ejercido en contra de la terna para que levantara la suspensión contra el Partido Patriota y la vicepresidenta Roxana Baldetti en su figura de Secretaria General. Por cierto, la denuncia se hizo acompañada de un audio que está en poder de la comisión internacional.
Baldetti fue de quienes pidieron pruebas a Escobar para considerar si se le podía dar validez a esas declaraciones de moral y ética que siguen siendo como leer chino para quienes no entienden que existen principios en la vida. También hay que recordar que la Vicepresidenta es parte en el proceso y con esos ojos habrá que ver sus declaraciones al respecto.
Cuando en un principio se unieron todos a pedir pruebas en el caso, nosotros preguntamos de qué pruebas hablaban, porque cuando fue César Barrientos el que batalló contra el sistema y enfrentó como magistrado procesos que incluían a miembros de su familia llevándolo a terminar con su propia vida, todos decían “¿por qué no renunció públicamente y presentó las pruebas?”.
Hoy dicen que esto es mediático, pero aconsejan que hubiera sido correcto presentar las pruebas ante los medios para ganar credibilidad. Cuando uno no necesita ganar credibilidad, porque ya la tiene, presenta las pruebas ante un ente correspondiente para que se judicialice y siga el proceso correcto. Cuestionan si CICIG dentro de su mandato puede conocer este caso, pero seguramente no han leído ese mandato porque es precisamente para casos como éste para lo que vino la comisión y por ello es también tan incómoda y quieren que se vaya.
A este día, hay dos opciones muy claras: Hacer un alto en el camino, entender que se han cometido muchos errores muy costosos para la institucionalidad del país y, urgentemente, empezar de nuevo todo un proceso que se tiene que hacer abierto y transparente con plena observancia de las leyes y de los principios éticos y morales; la segunda es dejar que duden de una prueba como ésta y que sigamos siendo las víctimas del secuestro institucional para proteger a los corruptos.
