POR DENIS AGUILAR
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La iniciativa 5246, ley de simplificación, actualización e incorporación tributaria, avanzó hasta la etapa de lectura final en menos de un mes, pese a la polémica que ha generado y las dudas en cuanto a su impacto tributario. Quienes se oponen reiteran que está generando privilegios fiscales para ciertos grupos, mientras quienes la impulsan manifiestan que beneficiará al país en cuestiones de recaudación.
La iniciativa es una propuesta del diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Marco Aurelio Pineda y fue conocida por el pleno del Congreso de la República el pasado 23 de febrero.
Esta nueva propuesta de Ley entró en reemplazo de la iniciativa de Ley de Fomento a la Ganadería, que causó revuelo debido a que instituciones como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) aseguraron que la iniciativa tenía como trasfondo otorgar exenciones y privilegios fiscales a ese sector. Esto llevó a que grupos de ganaderos realizaran bloqueos en distintas carreteras del país y cerraran las puertas del Congreso como forma de presión para que los diputados la aprobaran.
Miembros de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República han manifestado que la nueva propuesta de ley crea un nuevo régimen fiscal para el sector agrícola, que actualmente no es fiscalizado, por lo que aportarían al país y beneficiarían a la recaudación tributaria.
Sin embargo, hay quienes tienen una idea contraria de esta iniciativa, pues consideran que solamente un sector se verá beneficiado con esta nueva modalidad de régimen tributario.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) es una de las instituciones que se han posicionado en contra de la propuesta de ley que ha sido defendida por diputados. El instituto considera que la ley otorgaría privilegios al sector agrícola al pagar menos impuestos.
El Icefi indica que la iniciativa 5246 también contempla una amnistía fiscal, es decir, que aquellos contribuyentes que no hayan realizado una declaración tributaria antes de 2016, no deberán pagar multas por el atraso.
Según Abelardo Medina, economista del Icefi, esta nueva iniciativa surge debido a que los ganaderos tienen miedo de que la SAT pueda aplicarles la nueva Ley de Secreto Bancario.
“La gente del sector ganadero y agropecuario están preocupadas porque ahora la SAT ya empezó a tener acceso a la información bancaria para fines de control”, indica, “ellos tienen temor de que la SAT les vaya a ajustar el dinero que ellos tienen y del que nunca han pagado impuestos”.
El analista asevera que los ganaderos pidieron al Congreso esta nueva iniciativa de ley debido a que la anterior fue rechazada tras la polémica que generó. Además, destaca que muchos diputados del Congreso pertenecen al sector ganadero o agropecuario. “Muchos de ellos tienen millones de quetzales de los cuales nunca han pagado impuestos”, advierte.
Medina señala que, con esta nueva ley, el sector agropecuario del país estaría generando un nuevo sistema de fiscalización en el cual ellos pagarían menos impuestos que el resto del sector productivo del país.
En tanto, la Cámara de la Industria y la Cámara de Comercio también se han opuesto a que se cree un régimen especial para este sector.
FORMALIZA A SECTOR
El diputado oficialista Adim Maldonado, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, defendió la propuesta de ley al indicar que Guatemala es un país agrícola y eminentemente informal.
“Por un tema de que la gente de ese sector se formalizara y porque ese sector lo pidió tomamos la decisión de hacer un régimen especial para ciertos productores”, indicó Maldonado, que agregó que va dirigido para los que producen más de Q3 millones al año.
El legislador indicó que con la iniciativa buscarán que el sector agropecuario pague un 3 por ciento de impuesto, a través de una factura electrónica, para que la SAT tenga un mayor control de la producción agrícola en el país.
Maldonado rechazó que este sea un tema de exenciones fiscales, debido a que en este nuevo régimen planteado para el sector agrícola del país no se puede deducir la cantidad de producción.
IMPACTO NEUTRO
El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, indicó que el impacto de dicho régimen sería neutral para el país y rechazó subir los montos de techo presupuestario, como lo habían planteado los diputados.
Estrada señaló que no existe ningún tipo de amnistía legal para que aquellos que no hayan presentado su declaración tributaria y tengan una denuncia, ya que se les permitirá pagar a través de un convenio con la previa autorización de un juez en casos desde el 2012 para atrás. El funcionario agregó que ese sistema ya existe en la legislación actual.
En una citación legislativa, Juan Francisco Solórzano Foppa, titular de la SAT, coincidió con Estrada en cuanto a que la recaudación no se vería afectada ni beneficiada con la implementación de la iniciativa.
Sin embargo, el funcionario advirtió que en el mediano plazo el balance puede ser positivo debido a la incorporación de contribuyentes que han estado fuera del registro de la SAT.
Foppa se pronunció en desacuerdo con algunas enmiendas que se plantean para subir el techo presupuestario a Q10 millones y reducir más la tasa de impuesto, ya que consideró que podrían ser contraproducentes.
LEY DE SIMPLIFICACIÓN
• Sector agropecuario pasaría de la informalidad a la formalidad.
• Techo presupuestario será de 3 millones de quetzales.
• Sector agropecuario pagará 3 por ciento del IVA en un régimen especial.
• Beneficiaría únicamente al sector agropecuario del país, que pagaría menos impuestos que otros sectores productivos con menos ingresos.
• Buscarían evitar ser fiscalizados a través de la nueva Ley de Secreto Bancario.
• Podrían optar a un convenio de pago para aquellos que no han pagado impuestos.
