Los ataques que se han venido dando de parte de las pandillas contra la institucionalidad del Estado, no deben simplemente considerarse como hechos de violencia contra autoridades, sino que un ataque contra la sociedad misma que debe unirse, fortalecerse y, con determinación, rechazar con energía tales prácticas.
Somos muy fuertes para criticar las decisiones equivocadas y las prácticas incorrectas de servidores públicos, pero tenemos que ser igual de intolerantes con los retos que la criminalidad plantea contra quienes ponen la cara y arriesgan sus vidas para protegernos.
Manifestamos nuestro dolor por la muerte de las menores del Hogar Seguro Virgen de la Asunción; ahora queremos dejar claro que la pérdida de vidas de los monitores del centro Etapa 2 y la de los, hasta ahora tres, agentes de la Policía Nacional Civil, son ataques que no solo nos deben poner de luto, sino que nos deben motivar a movernos para actuar y enfrentar a quienes intentan colocar de rodillas nuestra nación.
Esta no es una declaratoria de guerra. La guerra se ha mantenido declarada siempre y ejemplo de ello es que tanto el Ministerio Público como el de Gobernación se han mantenido en operativos permanentemente para desarticular estructuras completas de extorsión y sicariato.
Estamos ante el problema de la falta de infraestructura y una débil administración de justicia que complica las políticas de control y administración dentro de los centros de detención o los de protección de menores.
Guatemala está bajo ataque y mientras analistas han considerado que estos hechos son reacción a las medidas tomadas en Etapa 2, otros consideran que la toma de los centros juveniles puede ser parte de una estrategia mayor de intimidación.
Preocupa que alguna gente lo tome como una agresión contra las fuerzas de seguridad o que el Ministro de Gobernación enfrenta una situación delicada. La verdad, es que se trata de una agresión a la sociedad, con actos que terminan siendo un reto irracional contra un Estado que tiene que superar sus diferencias para enfrentar una crisis que va más allá de los conflictos en centros de reclusión.
La vida de nuestros agentes de Policía Nacional Civil tiene que valorarse ante estos hechos. No podemos seguir simplemente volteando a ver para otro lado para no darnos cuenta que a quienes están para protegernos, los están cazando con alevosía y ventaja, dejando una trágica cauda de viudas y huérfanos. En La Hora nos solidarizamos con las fuerzas de seguridad y condenamos la pérdida de seis ciudadanos que dieron su vida por todos nosotros.
