Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Las discusiones de la reforma al sector justicia estuvieron marcadas por un punto de los varios que contenía las reformas y ese fue el tema del pluralismo jurídico y la inclusión del derecho indígena en el artículo 203 de la Constitución.
El sector privado organizado alzó su voz en contra y emprendió una férrea campaña para explicar su oposición e independientemente de que los argumentos fueran válidos o no, sentó un precedente y el sector ahora tiene en su haber hacer videos explicativos, columnas televisadas y la capacidad de unirse para mantener un discurso por todos los medios posibles.
Y siguiendo ese ejemplo del derecho indígena y viendo que sí tienen capacidad de unirse cuando creen que algo debe o no debe cambiar, es importante hacer un llamado para que ahora lideren de la misma manera la reforma integral del Estado.
Sería conveniente que se hagan videos explicativos, columnas televisadas y cada quien utilice su espacio en los diferentes medios para explicar la cooptación del Estado y lo que históricamente ha generado para el país, pero en especial para la gente, que el financiamiento electoral sea la llave de los negocios y el tráfico de influencias. En la explicación no habría que pasar por alto que vía el financiamiento electoral los presidentes, ministros, diputados y alcaldes terminan teniendo jefes que no son el electorado y por ende se debe pedir que se haga un esfuerzo coherente por erradicar los vicios del financiamiento electoral.
Siguiendo ese mismo espíritu de lucha intensa por lo que se cree, es adecuado hablar del doble papel que tiene el Estado que por un lado es un Estado criminal que a través de sus representantes cobra mordidas para otorgar contratos, licencias y autorizaciones estatales y por el otro lado pretende dar certeza a quienes por medio de ilegalidades, obtuvieron un contrato. En esa explicación hay que agregar que así no se puede atraer inversión seria.
Aprovechando esa «apertura» a debatir que dijo el Presidente del CACIF, es bueno que también se explique que la matriz de compras del Estado y el sistema de rendición de cuentas están colapsados y que no importa si recaudamos 10 o 1,000, el dinero no llega a donde se debe porque, por la cooptación derivada del financiamiento, hay un concurso entre funcionarios y algunos de la esfera privada para hacer chinche el pisto de la gente. Deben alertar que el uso de fideicomisos opaca la ejecución pública y hace casi imposible su fiscalización.
Sería conveniente también que se alerte y debata de cómo fue que, con tal de tener descentralización y apertura democrática, las corporaciones municipales (con la de Guatemala a la cabeza) se convirtieron en reductos en donde la plana mayor de los alcaldes hace lo que se le ronca la gana sin que aquí pase nada.
Es importante también que se haga el esfuerzo por reorientar el debate y que de esa manera podamos determinar (con tanto experto que hay), cuánto nos cuesta reformar los sistema de educación y salud, tanto en tecnología como en infraestructura para que así le podemos ofrecer a los chapines lo más valioso que tiene el ser humano: salud para desarrollarse y educación para prepararse.
Es importante elevar la voz para decir que no podemos seguir siendo un país cuyo principal producto de exportación es la gente, que más de 1 millón de personas no saben leer y escribir, que 2.5 millones no fueron a la escuela en el 2016 y que la desnutrición crónica aumenta en lugar de disminuir.
Y claro que ese es papel de todos los guatemaltecos y no solo del sector privado organizado, pero como me dijo un amigo que es peso pesado en el sector, ¿cuándo se va a reconocer lo que hacemos por Guatemala? y por eso creo que llegó La Hora de reconocer que todavía hay pasión para defender lo que se estima correcto y por eso la mesa debería estar servida para que los empresarios organizados lideren la discusión de la reforma integral del Estado.
