Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt

En abril de 2015 una investigación del Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal General Thelma Aldana, en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), obligaron, por primera vez en la historia del país, a la renuncia del presidente y de una vicepresidenta. Desde entonces, ambos entes han desafiado a los poderes fácticos en el país y han destapado decenas de casos entre los que recientemente se destaca el del hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, detenidos y enviados a prisión preventiva el pasado 18 de enero por un caso de fraude y lavado de dinero.

En entrevista con “La Hora”, la jefa del Ministerio Público (MP), reconocida mundialmente por su trabajo contra la corrupción, habló de la situación de los parientes del Presidente, del antejuicio contra la magistrada de la Corte Suprema, Blanca Stalling, de las campañas de desprestigio y amenazas surgidas de los poderes fácticos y de cómo la ciudadanía debe ser observadora de “todas las actuaciones de los funcionarios públicos”.

Aldana también expresó su esperanza de que las reformas constitucionales al sector justicia se aprueben con el fin de fortalecer el Organismo Judicial y no servir a intereses partidarios.

Usted dijo que la jueza Silvia de León no quiso emitir las órdenes de captura contra la exnovia y exsuegra del hijo del Presidente, José Manuel Morales Marroquín y el domingo (fecha) un juez ordenó medidas a favor de estas. ¿Cómo se interpreta esto?

Es difícil de comprender, yo no tengo conocimiento de cómo se realizó la audiencia con el Juez de turno entiendo que fue una exhibición personal, pero no sé qué motivó al Juez para resolver así.

¿Podría existir la posibilidad de que no se hayan emitido las órdenes para debilitar la sindicación por lavado de dinero, delito que la misma Jueza le quitó a Sammy Morales?

Realmente, en todos los casos cuando el Ministerio Público tiene una investigación preliminar acude con el Órgano Jurisdiccional, le explica el caso y le solicita las órdenes de captura o citación. En este caso a través de FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad), se solicitaron órdenes de captura. Pero la Jueza decidió solo acceder a la citación de la señora –Abdy Estrada-.

Hablando del caso de la magistrada Blanca Stalling ¿Alguna vez la llamó la magistrada Stalling para interceder por su hijo?

No, nunca.

Si bien la magistrada no la llamó a usted, de acuerdo a la denuncia que recibieron del juez Carlos Ruano, sí trató de incidir de otras maneras ¿Qué mensaje se le manda a la justicia cuando la independencia judicial de un juzgador de menor grado es violada de esa manera?

Yo creo que debemos de tener claridad de apostar a una justicia independiente, autónoma, no importa quién esté involucrado, desafortunadamente todos estamos expuestos a que un familiar nuestro pueda incurrir en un acto ilegal, es un hecho que nadie puede decir que está ajeno a esa posibilidad.

Lo importante es que si se tiene un puesto de poder, no se debe ejercer el poder para favorecer a un familiar, de hecho es sumamente difícil estar en una situación donde un hijo de la persona resulta involucrado, pero aun con esa dificultad sentimental el imperio de la Ley debe prevalecer, la independencia es fundamental. Y luego entender también que es un delito, no solo es una responsabilidad moral no interferir sino también comprender que es un delito, y si es un delito se va a perseguir.

Desde que se supo que el hijo de la magistrada estaba involucrado en el caso IGSS-PISA, ¿existió alguna sospecha de que hubiera algún tipo de interferencia?

Siempre estuvimos atentos a que no se diera esa interferencia.

Viendo el caso del magistrado Eddy Orellana y el “Rey del Tenis”, ¿tiene futuro nuestro sistema si seguimos con las Comisiones de Postulación?

No tiene futuro, definitivamente hay una debilidad muy grande para el Organismo Judicial, especialmente si se continúa con el procedimiento que hasta la fecha ha estado vigente, debemos de apoyarnos en la Carrera Judicial, es el único mecanismo que puede sostener la independencia del Organismo Judicial.

¿Qué hacer entonces porque al parecer en el Congreso no avanzarán las reformas y si avanzan quizá no aprueben lo planteado?

Yo tengo esperanzas de que sí avancen, nos hemos reunido con los jefes de bloque del Congreso de la República en la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -(CICIG)-, nos hemos reunido el señor Comisionado, el Procurador de los Derechos Humanos (PHD) y yo, con jefes de bloque y con el Presidente del Congreso.

He visto mucha coincidencia en la necesidad de reformar la Constitución, así es que mantengo la fe y la esperanza en que podamos avanzar hacia esa reforma constitucional porque no hay otro mecanismo. De lo contrario seguimos haciendo lo mismo, y lo mismo, es evidente que no beneficia al país.

¿Qué opinión tiene de quienes critican estas reuniones, que se entiende son porque quienes participan pertenecen a la mesa técnica?

Sí, es la mesa técnica que ha estado funcionando, tenemos la posibilidad de hacerlo, nuestra normativa lo permite sin ningún problema. Ha sido una invitación a los jefes de bloque, han llegado, creo que todos, no estoy segura, pero la mayoría ha llegado y hemos analizado los temas hemos recogido como Secretaría Técnica las observaciones de los diputados y creo que vamos avanzando bien.

¿Cómo inciden las mafias, como tratan de interferir, de botar o entorpecer los procesos, quizá esperando a que el caso llegue a las manos del juez o jueces que tienen empeñada su independencia?

Su pregunta la puedo dividir en dos partes, una es el legítimo derecho que tiene cualquier persona que está procesada a su defensa, indudablemente, el derecho de defensa es una norma Constitucional y lo que debemos de evitar es el litigio malicioso, la mala fe y el ánimo de retrasar de manera perversa los procedimientos y ahí es donde el sistema de Justicia tiene que reaccionar y tiene que agilizarse la agenda de los jueces para que estos casos avancen respetando el derecho de defensa.

Debido a que la labor conjunta del MP y la CICIG atacan directamente a los poderes fácticos del país, ¿esperan alguna reacción de dichos poderes en los próximos días y cómo podría ser está reacción?

Ha habido reacciones, amenazas de muerte, campañas de desprestigio, pero así operan las mafias de estructuras criminales organizadas.

¿Se siente más segura o existe menos riesgo por algún atentado en su contra?

Yo estoy consciente que en cualquier momento puede haber un atentado en mi contra, estoy absolutamente consciente de eso, pero tengo el esquema de seguridad del Ministro de Gobernación y ese es mi apoyo y mi fe en Dios.

¿Cómo explicar el beneficio judicial para Arnoldo Medrano y cómo explicar que en las municipalidades incluyendo las más grandes, los negocios se manejen con opacidad?

No lo entiendo, creo que debería hacerse un gran trabajo con todas las alcaldías municipales para inculcarles la responsabilidad que tiene cada corporación municipal y el manejo adecuado de los fondos de la población. Pero esa no es una función del Ministerio Público, nosotros investigamos cuando se ha cometido el delito y en el caso de las municipalidades, dependemos mucho de la denuncia ciudadana o de la Contraloría General de Cuentas.

¿En ese sentido, considera que sí se ha logrado incentivar la denuncia ciudadana?

Ha habido más denuncias, las personas están más atentas a lo que hacen los diversos funcionarios y creo que hay más control ciudadano que es muy importante.

¿Qué dificultades se tiene para la fiscalización e investigación en el uso de fideicomisos para la ejecución del gasto público?

Lo que sucede es que el Ministerio Público no puede fiscalizar fideicomisos, no es nuestra función. Nosotros no somos una entidad preventiva, no somos una entidad fiscalizadora, intervenimos cuando se ha cometido el delito y alguien nos tiene que decir en el caso de un fideicomiso la Contraloría General de Cuentas, dependemos de la denuncia y de lo que podamos hacer de oficio, pero no podemos intervenir de oficio en todo lo que hacen las personas del país.

¿Existe un determinado papel que debería jugar la ciudadanía guatemalteca para incidir en cambios?

Sin lugar a dudas sin la intervención ciudadana es difícil generar cambios, la población tiene que estar día a día involucrada porque son sus intereses.

¿Y a su parecer cómo puede lograr incidir la ciudadanía?

La ciudadanía puede incidir siendo observadora de las actuaciones de todos los funcionarios públicos sin excepción, puede denunciar y puede exigir lo que crea que conviene a los intereses de la población.

De acuerdo a las investigaciones que se han dado a conocer en los últimos días respecto a los señalamientos a por lo menos tres magistrados de la CSJ que incluye a Blanca Stalling, Edy Orellana y Douglas Charchal ¿Qué credibilidad considera que tiene este organismo en la actualidad?

Yo creo que no todos los magistrados pueden ser medidos de la misma manera y sí es importante dar los nombres. Ahora estamos con el antejuicio de la magistrada Blanca Stalling, y por supuesto que incide en la Corte Suprema de Justicia, incide en su funcionamiento, incide en su credibilidad.

Ustedes han perseguido a gente señalada de corrupción, pero la pregunta es ¿Si las reglas no cambian, no estarían persiguiendo a algunos y los negocios persistiendo y solo cambiando de manos?

Lo que deberíamos comprender en Guatemala es que necesitamos fortalecer la institucionalidad, de todas las instituciones del Estado, desde la Corte Suprema de Justicia, los tribunales del país, Ministerio Público, Defensa Pública Penal el Inacif, la Contraloría, todas las instituciones y los ministerios de Estado hay que fortalecerlos para generar institucionalidad y no depender de la persona que está de paso dirigiendo aquella institución. Lo que vemos más bien es debilidad en toda la estructura de Estado.

El caso Cooptación del Estado resultó ser uno de los más emblemáticos, pues develó todo un entramado de corrupción creado a partir de la figura de un partido político ¿Cree que las reformas realizadas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos son suficientes para evitar que se construyan nuevas estructuras como esta?

Yo creo que las leyes pueden ser buenas, pero si no hay organizaciones partidarias transparentes es un ejercicio que lleva al vacío a cualquier ley, incluyendo la Ley Electoral y de Partidos Políticos, esto viene de su origen de que un partido político debe ser transparente, debe ser incluyente y debe dar la cara a la población y rendir cuentas al Tribunal Supremo Electoral, pero no cuentas maquilladas ni de acuerdo a sus propios intereses, la transparencia debe empezar en la política partidista del país.

Al respecto de partidos políticos, ¿existen más investigaciones vinculadas a otros partidos políticos por parte de la Fiscalía?

Hay otras investigaciones a partir de denuncias que se han recibido en el Ministerio Público, algunas de ellas recibidas por parte del Tribunal Supremo Electoral.

¿Qué se puede hacer para contrarrestar el litigio malicioso, que al final puede tener efecto en las investigaciones de corrupción como “La Línea”, Cooptación del Estado, “Coperacha”, “IGSS-Pisa, IGSS-Chiquimula”, entre otros?

Creo que debe modificarse la Ley de Amparos y de Exhibición Personal, y de constitucionalidad hay varias propuestas de reformas a esa ley, para evitar el uso abusivo y excesivo del amparo que es el que más incide en el litigio malicioso.

El caso IGSS-Pisa demostró que la corrupción también es responsable de la crisis de salud que se vive en hospitales, ¿qué resultados esperan obtener de la firma del convenio establecido con el MSPAS?

Es muy importante nuestra presencia de manera coordinada y especializada en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, creo que solo el hecho de que estemos MP, CICIG, Contraloría General de Cuentas y la Ministra de Salud involucrados en investigaciones dentro del propio Ministerio, debería ser un mensaje muy claro, a trabajadores, usuarios y personas externas a quienes proveen los servicios de diferente naturaleza al Ministerio de Salud, de cero tolerancia a la corrupción y que vamos a investigar y a desarticular las estructuras ilegales que puedan haber de manera interna y externa al Ministerio.

Precisamente en el caso de las reformas ¿Qué importancia tiene la participación de la ciudadanía, teniendo en cuenta que al final es quien decide si se aprueba o no la propuesta que plantean?

Es el momento más importante cuando la ciudadanía vota por el SÍ o por el NO, creo que vale la pena resaltar la importancia de informar a la población en el momento en que se apruebe por el Congreso de la República.

Hemos hecho un ejercicio en todo el país la Secretaría Técnica, los tres presidentes de los tres poderes del Estado, llevando la propuesta inicial a diversas mesas de trabajo como una manera de consulta a la población, luego si son aprobadas tendríamos que hacer el mismo ejercicio, llegar a la población y explicarle cómo quedaron aquellas propuestas, desde luego, si estas responden al planteamiento inicial en el sentido de que debe fortalecerse el Organismo Judicial y alejar la política partidista de ese organismo y que es una de las metas de esta propuesta de reforma Constitucional.

¿Cuál cree que fue la razón por la que diputados no lograron aprobar el artículo que reconoce a la justicia indígena en noviembre pasado?

Creo que parte de esa contradicción, no solo a nivel de diputados sino de otros sectores es el desconocimiento desafortunado de la realidad nacional. Ahora que hemos abordado más este tema de jurisdicción indígena hay una mayor comprensión, creo que cualquier persona que quiera saber cómo funciona tiene que ir simplemente con la autoridad ixil, o con la autoridad de Chichicastenango, a Sololá o Totonicapán y cerciorarse por sí mismo de cómo funciona esta jurisdicción indígena antes de emitir comentarios totalmente alejados de esa realidad.

Sabemos que la justicia indígena nos ha ayudado a la construcción de la paz. De hecho si vemos las estadísticas en los lugares en donde hay jurisdicción indígena hay un índice muy bajo de delito, versus otros departamentos o municipios, donde no existe la jurisdicción indígena, debemos de comprender entonces que su intervención nos ayuda como Estado, como sociedad y país a la paz social, que es la verdadera justicia pronta y cumplida, porque manejan al ciento por ciento la oralidad, cero papel y cero mora que ya quisiéramos en el sistema de justicia ordinario tener esas bondades y esas ventajas, no tienen cárceles, nos están dando un mensaje de paz y de una justicia restaurativa que a nivel de jurisdicción ordinaria hemos sido incapaces de construir.

Mientras que esta jurisdicción indígena apuesta a la justicia retributiva, restaurativa y a la paz social. Me parece entonces que lamentablemente lo que hay es desconocimiento de las bondades de aquella justicia ancestral.

¿De qué manera se ha fortalecido la FECI con el trabajo en conjunto que efectúa con la CICIG?

De muchas formas, cuando yo llegué al Ministerio Público había cuatro o cinco agencias fiscales, ahora hay 11, eso quiere decir que en tres años hemos duplicado y más el personal que estaba apoyando el trabajo de la FECI del MP, lo que implica más investigación, más traslado de capacidades, hemos logrado una armonía tal de FECI y CICIG que somos un solo equipo de trabajo.

Los casos se coordinan adecuadamente, el Comisionado y yo disponemos de acuerdo al mandato de CICIG qué casos se van a investigar e inmediatamente se integran los equipos e inicia la investigación, el Comisionado y yo siempre estamos involucrados y cuando el caso está listo salimos a plantearle al Órgano Jurisdiccional lo que corresponda.

Hay traslado de capacidades, hay más personal involucrado, hay una mística de trabajo de 24 horas incluyendo fines de semana, hay objetividad y transparencia que ha sido la directriz que tanto el Comisionado y yo hemos dado, mejorar la calidad de las investigaciones. Entonces ha sido un gran apoyo desde el año 2007, la instalación de CICIG en el país y los resultados están a la vista.

“Lo importante es que si se tiene un puesto de poder, no se debe ejercer el poder para favorecer a un familiar, de hecho es sumamente difícil estar en una situación donde un hijo de la persona resulta involucrado, pero aun con esa dificultad sentimental el imperio de la Ley debe prevalecer, la independencia es fundamental. Y luego entender también que es un delito, no solo es una responsabilidad moral no interferir sino también comprender que es un delito, y si es un delito se va a perseguir”.

“Definitivamente hay una debilidad muy grande para el Organismo Judicial, especialmente si se continúa con el procedimiento que hasta la fecha ha estado vigente, debemos de apoyarnos en la Carrera Judicial, es el único mecanismo que puede sostener la independencia del Organismo Judicial”.

“Ha habido reacciones, amenazas de muerte, campañas de desprestigio, pero así operan las mafias de estructuras criminales organizadas”.

“Yo estoy consciente que en cualquier momento puede haber un atentado en mi contra, estoy absolutamente consciente de eso, pero tengo el esquema de seguridad del Ministro de Gobernación y ese es mi apoyo y mi fe en Dios”.

“Ahora que hemos abordado más este tema de jurisdicción indígena hay una mayor comprensión, creo que cualquier persona que quiera saber cómo funciona tiene que ir simplemente con la autoridad ixil, o con la autoridad de Chichicastenango, a Sololá o Totonicapán y cerciorarse por sí mismo de cómo funciona esta jurisdicción indígena antes de emitir comentarios totalmente alejados de esa realidad”.

“Hay traslado de capacidades, hay más personal involucrado, hay una mística de trabajo de 24 horas incluyendo fines de semana, hay objetividad y transparencia que ha sido la directriz que tanto el Comisionado y yo hemos dado, mejorar la calidad de las investigaciones. Entonces ha sido un gran apoyo desde el año 2007, la instalación de CICIG en el país y los resultados están a la vista”.

Thelma Aldana fiscal general y jefa del MP

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