Por Joseline Ayala
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El titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos, se reunió hoy con la Junta Directiva (JD) del Congreso para discutir una opción más viable de la iniciativa presentada por el Ejecutivo, para otorgar la concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) a APM Terminals. La ruta es que el contrato vigente sea declarado nulo para empezar con «la mesa limpia», indicó Mencos.
«Mi recomendación es que todos le apostemos a tratar de ver de qué manera se documenta y se coadyuva a que sea declarado nulo el contrato para poder tener la mesa limpia y luego formular bases lo suficientemente sólidas en donde los oferentes se comprometan a respetar algunas condiciones», declaró Mencos.
«Tal vez podrían poner como condición que el resarcimiento pagado por APM se ponga como piso para que las empresas oferentes mejoren ese monto y hacer una revisión total de todas las condiciones establecidas en el contrato original para ver las mejores condiciones que favorezcan a los intereses del Estado», profundizó Mencos.
El contralor explicó que, de cualquier forma, las opciones podrían analizarse y se podría establecer si es más conveniente otorgar una concesión de manera directa o total o como una alianza público-privada.
«Yo no soy abogado, pero mientras un contrato esté vigente no se puede hacer ninguna acción que colisione con las reglas establecidas dentro de ese contrato, lo primero que tiene que hacerse para poder pensar en una propuesta diferente es que se anule el contrato porque hoy por hoy es la materia objeto de discusión», declaró.
Según Mencos, sería el Organismo Judicial el que tendría que resolver la problemática antes de iniciar algún tipo de proceso como lo hizo el Ejecutivo, que puso en evidencia que, además de ser ilegal, fue apresurada la decisión de iniciar los cabildeos, negociaciones y apoyo a la iniciativa.
El apoyo del Ejecutivo a la concesión «a dedo» de TCQ ha desgastado la imagen del Presidente Jimmy Morales y de la bancada oficial.
MORFÍN DEFENDIÓ INICIATIVA
Esta propuesta sería opuesta a la presentada por el Ejecutivo que fue defendida ayer por Anabella Morfín, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), quien aseguró que la iniciativa es legal y viable y que es la única opción que se ha formulado. Por otro lado, varias bancadas se han opuesto a la concesión por considerar que es ilegal.
Al ser cuestionada en una citación por la falta de licitación de TCQ, Morfín dijo que según la Ley de Contrataciones «sencillamente no se puede» debido a que el área que es objeto de contrato está comprometida dentro del usufructo no oneroso y debido a que ese contrato sigue valido, en tanto no se declare nulo, no hay disponibilidad del área para realizar esos procesos.
