Por Joseline Ayala
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El anuncio del Ejecutivo de extender el contrato de explotación petrolera de Perenco podría definirse como un «mecanismo de saqueo», según el presidente de la Comisión de Probidad del Congreso, Amílcar Pop, quien dijo que no hay un balance entre lo que recibe y lo que pierde el país con estos contratos, mientras que analistas indican que el mismo ha sido negativo para Guatemala.
Mientras que el Ejecutivo insiste que esta empresa ha sido “buena” para el país y busca las maneras de otorgar una ampliación por seis meses a partir de febrero del otro año, cuando vence el actual contrato, analistas consultados indicaron que ha sido negativo.
Al respecto, el diputado Adim Maldonado, miembro de la Bancada oficial del Frente de Convergencia Nacional (FCN), dijo que aún no han establecido con la presidencia cuál será la ruta que tomarán para lograr otorgar la ampliación del contrato de manera temporal para luego hacer los trámites para extenderlo.
DIPUTADO DICE QUE ES OTRO MECANISMO DE SAQUEO
Pop, de la Comisión de Probidad, dice que actualmente «Guatemala subsidia la explotación petrolera en el país» y que es necesario modificar la Ley de Hidrocarburos para evitar que los bienes del país sean vendidos a precios ridículos y con intereses específicos.
«Perenco registra por el ducto unos 30 mil barriles de petróleo, pero únicamente declaran 9 mil 500 barriles por lo tanto es un mecanismo de saqueo que afecta al país» explicó.
El legislador indicó que le solicitarán al ejecutivo la cancelación del contrato y que se inicie la recuperación del área que ha sido explotada.
GOBIERNO DEBERÍA ANALIZAR BENEFICIOS
El analista económico del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Abelardo Medina, dijo que el Ejecutivo como administrador de los recursos del Estado puede disponer de los contratos que se otorgan para explotar las reservas naturales, pero que antes de autorizar un contrato debería hacerse un análisis de los beneficios que representa para el país y los costos.
“El pago por regalías que percibe el gobierno por el tema de explotación petrolera es pobre en comparación a las ganancias que le genera a las empresas por lo que el estado debería velar porque el país obtenga otro beneficio para otorgar esas licencias” dijo el experto.
Medina explicó que antes de renovar o considerar otro contrato a la empresa que administra el proyecto de Perenco, ubicado en el área del Xan, en Petén, se debe evaluar las ganancias producidas con el último contrato otorgado desde el 2010, la generación de empleos y los aportes a las comunidades cercanas.
“El gobierno antes de vender los bienes del país a precios ridículos debería estudiar si los daños causados a la ecología y a las comunidades han sido menores de las ganancias y el beneficio que representa para todos” explicó.
ACCIONES ILEGALES
Por su parte, el analista jurídico de Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Carlos Vega, explica que el Estado no puede otorgar una extensión de un contrato sin un Estudio de Impacto Ambiental (del que carece Perenco desde hace 15 años), y de dictámenes de instituciones como el Ministerio de Ambiente, de Energía y Minas y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
“De acuerdo a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, el gobierno no puede otorgar una extensión de un contrato ni otorgar un proyecto de esa naturaleza sino se hace un concurso legal y se realiza una licitación con diferentes participantes”, concluyó Vega.
