Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Ayer en el Congreso se ratificó lo que se ha dicho en el pasado, en el sentido que el Congreso es el organismo que funge de guardián del sistema y la mejor garantía de que los cambios que se necesitan nunca vean la luz.
Ayer también se advertía en La Hora que la obstaculización a las reformas constitucionales sería la victoria de la impunidad y decíamos que los diputados defenderían hasta con los dientes el derecho de antejuicio porque lo que tenemos es una banda de delincuentes que lo necesitan como el valladar que limita las investigaciones e impide enderezar las causas por los negocios que desde el poder fraguan nuestras autoridades. Las mafias completaron el primero de los pasos pactados para asegurar que Guatemala no cambie nunca.
Muchos diputados se ausentaron y, de los presentes, 43 lograron mantener el antejuicio como garantía de impunidad; 39 congresistas lograron mantener las prerrogativas de su trabajo y 17 legisladores se abstuvieron de aprobar el derecho indígena, pero el común denominador en las listas es que están nutridas de quienes han sabido hacer negocios con el poder, que son parte de los cooptadores y saqueadores del Estado y que necesitan las cosas como están para asegurar prosperidad a sus familias y patrocinadores.
Hubo quienes se oponían porque sienten amenaza de que el sistema cambie y otros que estimaban que había cosas que se podían mejorar. Los primeros, pusieron toda la carne en el asador para asegurar la impunidad y mandar un mensaje fuerte y claro: el Congreso será un muro más grande que el de Trump para defender la putrefacción actual de las cosas.
Los que pedían más tiempo tampoco querían cambios, pues si algo no les parecía podían haber ido con sus diputados (agrupados vía la cooptación) a pedir enmiendas, pero aferrarse a que el año entrante se deben discutir es ser parte del pacto de impunidad que Jimmy Morales (que convenientemente se largó a Israel) selló con sus huestes en el Congreso y el Organismo Judicial, basado en que el año entrante se aseguren de que nada cambie y de fortalecer los vicios.
Esa misma gente que pedía más tiempo es la que nunca habla del financiamiento electoral, del sistema de compras, de la Contraloría de Cuentas, de la PGN, del listado de obras y de cómo se fraguan los negocios en general. Entonces, haga usted sus cálculos.
Pero en algo hay que darles las gracias a los diputados y es en haber mandado por un tubo los tres temas abordados ayer, puesto que si hubieran aprobado el derecho indígena la mayoría de nuestra población se hubiera decantado por eso aunque nos habrían metido mil goles en lo demás.
Los congresistas jugaron sus cartas y ahora nos toca a los ciudadanos agradecerles o demostrar que ya estamos hartos de la Guatemala de hoy porque entendemos que así no hay futuro. Y por eso digo que la depuración del Estado, pero empezado por el Congreso, ya no es una opción, sino que debe ser una obligación.
No importa quien lo haga, pero defender el Estado actual de las cosas es una aberración, un insulto a la decencia, es un dardo a la inteligencia, un golpe a la ciudadanía y significa cerrar la puerta a tener un país más justo, incluyente y generador de oportunidades para todos, pero nada de esto pasará si los guatemaltecos no hacemos escuchar nuestra voz con una fuerza inequívoca.
