Carlos Soto Pineda
Se denomina economía informal a la actividad económica calificada como “solapada” por supuestamente evadir las obligaciones fiscales, tributarias o sanitarias que en teoría deben acatar los comerciantes en la llamada formalidad por razones de elusión fiscal o de controles administrativos (por ejemplo, el trabajo doméstico no declarado, la venta ambulante espontánea y ojo, también alcanza esta definición a la infravaloración del precio escriturado en una compraventa inmobiliaria, práctica tan común en Guatemala).
Casi el 50% de la población del mundo vive con menos de 16 quetzales al día. Y en la mayoría de los casos el hecho de poseer un trabajo no garantiza la posibilidad de salir de la pobreza, ni la estabilidad laboral.
La crisis mundial del empleo y la flexibilidad laboral son uno de los riesgos más grandes para la convivencia y seguridad en la actualidad. La inaccesibilidad a oportunidades de trabajo decente, la inversión social y económica estatales insuficientes inducen a las personas a dos caminos, el ingresar a la delincuencia, sea esta común u organizada o a ingresar a la economía informal.
La economía informal genera entre el 50 y el 75 % de toda la fuerza laboral en actividades no agrícolas en los países subdesarrollados. El empleo informal implica condiciones de trabajo inseguras, ausencia de beneficios previsionales sociales como las pensiones, las suspensiones laborales por enfermedad o la cobertura médica por enfermedad común, maternidad y/o accidentes; y en Guatemala se incrementó 1.9 % en el período de los años 2015 – 2016, alcanzando una tasa de informalidad en el área urbana del 70%, lo que implica que de cada 10 trabajadores, siete lo hacen en condiciones fuera de la formalidad económica; mientras que en el área rural alcanza la alarmante cifra del 85%. La resolución sobre trabajo decente y economía informal adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en el año 2002 pidió brindar atención a las necesidades de trabajadores y grupos económicos en la economía informal, con énfasis en un enfoque integrado desde la perspectiva del trabajo decente.
Se deben promocionar la inclusión social y el empleo como condiciones fundamentales para la reducción de la pobreza y exigir el respeto a los principios y derechos esenciales en el trabajo.
No con criminalizar se va a reducir o erradicar el comercio informal, se hace imperativo readecuar y modificar reglamentos y acciones institucionales, que solo provocan frustración, caos y violencia en respuesta a medidas y decisiones arbitrarias que no resuelven nada y siguen perpetuando la pobreza y el subdesarrollo.
