Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El problema de la venta ambulante es mucho más serio de lo que puede verse en la superficie porque constituye una de las expresiones de la informalidad de nuestra economía que es incapaz de ofrecer oportunidades a los habitantes del país. Así como cientos de miles han escogido el camino de la migración hacia Estados Unidos por la ausencia de políticas incluyentes que generen oportunidades aquí, en Guatemala, otros que no tienen ni la decisión ni los medios para irse al norte, no encuentran otro remedio para ganarse la vida que participar en esa venta callejera que no es una panacea y que si bien es molesta para el ornato, debe ser entendida como un resultado de la incapacidad histórica para enfrentar nuestros problemas sociales.
Quiero destacar, además, que a principios de junio de este año, en un acto con los vendedores de El Amate, el alcalde Álvaro Arzú dijo expresamente que daría garrotes a los vendedores para que le hicieran el favor de sacar a “morongazos” a los vendedores ambulantes que se estaban metiendo en el centro. O sea que lo que vimos la semana pasada debe entenderse en el contexto de la política edilicia respecto a la venta callejera, misma que fue advertida desde junio de este año de que sería atacada con uso de fuerza y a golpes porque, ya lo sabemos, la Alcaldía no dialoga y mucho menos negocia con quienes tengan un punto de vista contrario al del jefe de la comuna.
Desde luego que el ideal es que vivamos en orden y acatando la ley pero hace mucho tiempo que en nuestro país fuimos rebasados por la ausencia de una autoridad que la aplique por parejo. Vimos durante años que la Policía Municipal de Tránsito ignoró deliberadamente la ley que prohibía que dos personas circularan en motocicleta. La ley pudo haber sido una torpeza, pero era la ley y las autoridades tenían la obligación de hacerla cumplir. Ahora, en cambio, advertidos de que serían reprimidos a golpes de garrote, con los vendedores ambulantes no hubo esa tolerancia que se tuvo con los motoristas y esas son las cuestiones de que hacen difícil pensar que vivimos en una sociedad de leyes donde todos nos sometamos a ellas.
No me cabe la duda de que a la hora de que se generó la violencia y se enfrentaron los vendedores con los Policías Municipales que llegaron a sacarlos al estilo dictado por el alcalde, haya habido gente dispuesta a aprovechar el caos para incrementar la violencia en una manifestación del deterioro que existe en nuestra sociedad. Pero decir que el problema fue causado por mareros infiltrados, como han dicho desde el Procurador de los Derechos Humanos hasta autoridades del gobierno central, es ignorar que hubo una instrucción que no deja lugar a dudas respecto a la forma en que se debía proceder para “resolver” el problema de los vendedores callejeros que se estaban “metiendo” en el Centro Histórico y que fueron advertidos desde junio, repito, sobre cómo serían tratados. Esa realidad nadie puede obviarla y es parte del problema.
