POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Manuel Felipe Arenales Monroy, alias “El Ducati”, quien fue capturado ayer en la zona 9 de la ciudad capital y se hacía acompañar del abogado Mario René Cano Gutiérrez, fue remitido a la Brigada Militar Mariscal Zavala. El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal será el encargado de conocer el expediente de su extradición, informaron fuentes de esa judicatura.

El informe de la Policía Nacional Civil (PNC) detalla que la detención se produjo a las 16:50 horas, en la 7ª. avenida, entre 10ª. y 11 calle de la zona 9, de la ciudad capital.

Según informó el Organismo Judicial (OJ), Arenales Monroy fue trasladado ayer en horas de la noche a las carceletas de Torre de Tribunales, por lo que personal de esa dependencia reforzó la seguridad en el lugar.

De acuerdo con el reporte de la Subdirección General de Investigación Criminal de la PNC, Arenales Monroy, de 35 años, tenía una orden de captura con fines de extradición por supuestamente distribuir 5 kilos o más de una mezcla y sustancia que contenía una “cantidad detectable de cocaína”.

Según el informe policial, la orden de aprehensión fue girada por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal.

Hoy, fuentes del Tribunal Cuarto informaron que están a la espera de recibir el expediente y que la primera audiencia de extradición podría realizarse esta tarde.

Entrega documentación

Durante la detención de Arenales Monroy llamó la atención de la PNC que estuviera acompañado del abogado Mario Cano, quien representó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y ahora es procesado por el caso Cooptación del Estado.

Horas antes del evento, Cano acudió a una audiencia en el Juzgado B de Mayor Riesgo para resolver un incidente de incorporación de documentos relacionados al edificio Valser, que recibió en concepto de pago de honorarios por parte de la exvicemandataria.

El edificio ya se encuentra en manos de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, confirmó el abogado.

Al exdefensor de Baldetti se le imputó el delito de lavado de dinero, ya que la Fiscalía sospecha que el edificio de la Sociedad Valser, S.A. fue adquirido a través de actividades ilícitas.

Según argumentó en un interrogatorio, él no averiguó la procedencia las acciones con las cuales la exvicepresidenta pagó sus honorarios porque existía “buena fe”, y únicamente cobraba por su trabajo.

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