POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El exdiputado Gudy Rivera se convirtió ayer en el primer integrante del Partido Patriota (PP) en ser sentenciado por un caso de corrupción. El Tribunal Quinto de Sentencia Penal lo declaró culpable de presionar a la exmagistrada de la Sala Quinta de Apelaciones, Claudia Escobar Mejía, para que emitiera un fallo favorable a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, lo cual, según analistas, sienta un «precedente histórico» para la justicia guatemalteca.
Según Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), la sentencia emitida ayer demuestra que las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) no son simples persecuciones políticas, como han insinuado ciertos sectores.
Otro factor que merece la pena destacar, según Lizandro Acuña, académico del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, es la significativa cuota de poder que tienen las estructuras a las que el sistema de justicia se enfrenta actualmente.
«Son casos muy complicados donde el sistema de justicia se enfrenta a estructuras muy poderosas que siempre han tenido el control del Organismo Judicial», sostiene.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
La resolución emitida por la magistrada Bélgica Deras, titular del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, demuestra que el sistema de justicia está haciendo valer el principio de imparcialidad e independencia judicial, coinciden los expertos.
Samayoa resaltó que para que esto fuera posible, se dio una mayor observación ciudadana y una actuación prudente de los medios de comunicación para transmitir los eventos de la investigación que se iban generando.
«Todo eso genera cierta tranquilidad y certeza de que la justicia fue aplicada de forma imparcial e independiente. Mientras más pública, más certeza tenemos de que los jueces actúen apegados a derecho», sostuvo.
Por su parte, Acuña hizo referencia a las presiones políticas que siempre han existido sobre los jueces y magistrados y la forma clandestina en que éstos han sido nombrados por grupos económicos y políticos.
«Los jueces deben estar sujetos a la Constitución y las leyes, no deben responder a ningún sector. Esto es parte de un proceso de transición del sistema de justicia», apuntaló.
Los expertos coinciden en que este tipo de resoluciones deben de concientizar a los funcionarios de que cualquier acción al margen de la ley conlleva una persecución penal y, de ser encontrados responsables, tendrían que responder por todo el daño provocado a la población.
CONDENA
Rivera fue sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión por tráfico de influencias y cohecho activo. Junto con él, el Tribunal condenó a 5 años de prisión a Vernon González, exabogado del PP, por el delito de tráfico de influencias. La sentencia se ejecutará hasta quedar firme.
