POR ACISCLO URÍZAR
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“Estamos respaldados por el pueblo, representantes de Comités Comunitario de Desarrollo (Cocodes), transportistas miembros de la Iglesia Católica y Evangélica están aquí respaldándonos para que vean que esto es una petición de todo el pueblo de Teculután no sólo de la municipalidad” expresó el alcalde de Teculután, Zacapa, Víctor Hugo Paiz Gómez, al referirse a la oposición entorno a la hidroeléctrica.
Por su parte el síndico Oswaldo Reyes Sánchez dijo que ese río beneficia a más de 17 mil personas y en cuanto se enteraron del estudio de impacto ambiental por parte de la empresa Valores Mercantiles, el cual muestra inconsistencias en su elaboración, según Reyes, iniciaron reuniones con la población para determinar cuáles serían las medidas a tomar para evitar que la empresa pueda instalarse en el referido lugar.
“Esta mañana están con nosotros el 100% de los Cocodes y demás representantes del municipio para defender el único río que tenemos en Teculután. La empresa presentó el estudio de impacto ambiental que contiene más de 2,400 páginas y gracias al apoyo de Madre Selva lo obtuvimos y pudimos analizar que tiene varias inconsistencias” expresó Reyes.
Paiz Gómez, jefe edil del lugar en mención manifestó que mañana vence el plazo de 20 días que tienen para oponerse al estudio realizado por la empresa y por esa razón decidieron hacer llegar sus peticiones al MARN.
Sobre minería
Semanas atrás Amnistía Internacional (AI) se pronunció respecto a la omisión del Gobierno de Guatemala para consultar a las comunidades previo a otorgar licencias a las empresas mineras. Representantes de AI coincidieron en que las autoridades al no consultar a las comunidades “están alimentando la llama del conflicto”.
AI hizo el llamado al Estado guatemalteco a realizar reformas sustanciales a la Ley de Minería, en las cuales la consulta a la ciudadanía forme parte fundamental. Se debe advertir a los pobladores no solo de los beneficios que se obtienen de esta, sino también de los posibles riesgos o efectos negativos que esta actividad conlleva y luego de ello consultar a las comunidades si a pesar de esos riesgos aceptan la minería.
