Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Desde hace meses dije que las reformas al sector justicia, a mi juicio, tenían que servir como punto de partida para la reforma integral del Estado ya que soy un fiel creyente que si nos quedamos solo con la reforma judicial seguiremos dejando los vicios del sistema vigentes y ello provocará que persista la saturación judicial, que nunca tengamos la suficiente capacidad de investigar a tanto mafioso y generaremos nuevos focos de cooptación.
Me explico brevemente; si avanzan las reformas sin más cambios al sistema en general, eventualmente, deberían de haber más casos que ingresarán al sistema de justicia porque las fuentes de los negocios no se tocarían (pero no habrá mucho más dinero para la justicia). Aunque tengamos un MP y una CICIG fuertes nunca será suficiente para contener a tanto mafioso y el nuevo Consejo Nacional de Justicia que se pretende implementar, será copado como pasó con las comisiones de postulación porque hemos de recordar que el Congreso tendrá incidencia en la elección del mismo y del pleno del OJ y ya sabemos qué significa eso.
Apoyo las reformas al sector justicia porque creo que debemos empezar por algo, pero mi punto es que si esta reforma judicial no la acompañamos con una verdadera reforma al financiamiento electoral (de eso solo nosotros aquí en La Hora hablamos, para el resto eso ya se resolvió), si no las acompañamos con una reforma a la Contraloría de Cuentas, a la forma en la que el Estado en su conjunto compra bienes y servicios, a las inversiones en desarrollo humano vía salud y educación y a una reforma en la operatividad del Estado per se, las cosas no van a cambiar en el fondo.
Pero hay que decirlo con valor, esos otros componentes de la reforma no están en la agenda porque hay poderosos sectores que no desean que las cosas cambien y aunque ahora solo se plantean las reformas al sector justicia, estiman que si algo avanza queda abierto el espacio para más cambios y por eso es que ahora pondrán toda la carne en el asador para apuntalar el muro de impunidad.
Y esos sectores usarán el derecho indígena como excusa perfecta para torpedear la reforma o para meter unos cuantos goles, pero me parece que la oposición al derecho indígena responde a esa creencia de que el país es de nosotros los ladinos y los demás que sigan haciendo cola.
El arbitraje es, como el derecho indígena, un mecanismo alterno para la resolución de conflictos; los centros de arbitraje de las cámaras empresariales son vistos con buenos ojos ante los vicios del sistema y entonces es válido preguntar ¿cuál es el problema con el derecho indígena?
Hay quienes se contradicen como los grandes porque pregonan que el Estado debe jugar un rol subsidiario para dar cabida de primero a lo privado y eso les fascina cuando es para operar puertos, emitir documentos, explotar recursos, prestar servicios y hasta el arbitraje ladino, pero cuando el tema pasa por algo de los indígenas, rápido dicen ¿ y estos, qué se están creyendo?
Hoy en La Hora publicamos una nota con el texto sugerido en la reforma y queda clarísimo los límites que se marcan, pero continuaré abordando el tema en mi próxima columna porque los miedos van orientados en que se estima más fácil morder a los corrutos de turno que hacer las cosas bien con gente que sabe lo que quiere en sus comunidades.
