Félix Loarca Guzmán

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dio un paso valiente ayer en su accidentada trayectoria como político, al informar al pueblo que su hermano Samuel y su hijo José Manuel Morales, de 23 años, habían tomado la decisión de presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público, para ofrecer su versión sobre el caso de un acto fraudulento en contra de los intereses del Estado, en el cual se les ha relacionado.

Escribo que fue un paso valiente, porque seguramente era una decisión difícil, pero con el ingrediente positivo que revela la disposición del gobernante de actuar con transparencia y respeto a las instituciones del sector justicia.

Aparentemente, los familiares del Presidente habrían tenido alguna participación en el proceso de cotizaciones para más de 500 personas, contratado por el Registro General de la Propiedad en un restaurante de esta capital, el cual nunca se llevó a cabo, pero que fue pagado con fondos de esa dependencia estatal por un monto de alrededor de 90 mil quetzales.

Al conocerse el anuncio presidencial sobre este polémico asunto, a través de las redes sociales, muchas personas comenzaron a criticar en forma muy grosera al Presidente Jimmy y a sus familiares cercanos, señalando que su gobierno es más de lo mismo.

En este caso, el mensaje del presidente Jimmy causó un desgaste innecesario a su gobierno, puesto que el esquema de corrupción que se investiga no ocurrió durante su gobierno sino antes que él asumiera el cargo.

De conformidad con las leyes del país, el Presidente no es responsable por actos ilícitos en los cuales pudieran estar comprometidos sus parientes cercanos.

En el marco de una aplicación inadecuada de la Ley de Emisión del Pensamiento, y del abuso de las llamadas redes sociales, se han lanzado toda clase de señalamientos contra el Primer Mandatario y su familia.

Creo que el gobernante ha actuado de buena fe, y que seguramente fue muy difícil para él transmitir su mensaje a través de los medios de comunicación.

Desafortunadamente, este tema ha provocado un fuerte desgaste a la institución de la Presidencia de la República.

En todo caso, es un imperativo profesional que el tema sea enfocado responsablemente a través de los medios de comunicación y en un contexto de profunda objetividad.

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